Todo lo que se expone a partir de ahora léase, por favor, teniendo en cuenta el absoluto respeto de quien escribe y de este medio a la independencia de jueces y fiscales, por favor.., y por supuesto. Pero no es menos verdad que quienes están asistiendo a diario al juicio de Carlos Fabra, el gran padrino del PP valenciano, se muestran sorprendidos por un hecho: la levedad con la que está pasando un proceso que arrancó con enorme expectación y en el que las acusaciones: delitos de cohecho, tráfico de influencias, fiscales.., son muy graves y sacarían a la luz toda una forma de hacer política.

Sesiones muy por debajo de la expectación creada
No se producen interrogatorios duros, no se producen declaraciones reveladoras... Casi la única sal que ha alterado las sesiones han sido las lecturas de los testimonios por escrito, llenos de evasivas, de los exministros Jesús Posadas o Celia Villalobos, los dos 'jefes' en la actualidad del Congreso, y cuyo favor supuestamente intentó utilizar Carlos Fabra. Y la única expectativa que rompa esta rutina es la  declaración, en el horizonte, de Esteban González Pons.., pero que se hará en videoconferencia desde el propio Congreso.

No tendrá nada que ver en esto, seguro, pero también llaman la atención una serie de casualidades que se han reunido en torno al fiscal que acusa y a los magistrados que juzgan a Carlos Fabra y que pasamos a exponerles.

 Carlos Fabra junto a los otros imputados del caso, su exesposa, Mampa Fernández, el empresario Vicente Vilar y su exmujer,Monserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim. Foto EFE Carlos Fabra junto a los otros imputados del caso, su exesposa, Mampa Fernández, el empresario Vicente Vilar y su exmujer,Monserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim. Foto EFE



Las presiones de los magistrados que juzgan, sobre el que instruyó
El pasado mes de junio de 2012, en ELPLURAL.COM les informamos de un hecho si no sin precedentes, sí extraordinariamente inhabitual. El juez que realizaba la instrucción, Jacobo Pin -el noveno juez que se hacía cargo del caso, por cierto, ya de por sí algo realmente peculiar- se encontró al presentar su escrito ante la Audiencia de Castellón, con que la sala que lo recibió le ordenaba que rectificara sus acusaciones para que excluyera las acusaciones que aparecían contra Fabra por cohecho y viniera a dejarlo tan sólo en posible delito fiscal.

Pin recordó su independencia para calificar delitos en la instrucción, y tuvo la entereza de lejos de 'rendirse' ante los magistrados de la Audiencia Provincial, recurrir al Supremo pidiendo amparo. El Supremo dio la razón al juez instructor y, de esta forma, obligó a que se abriera un juicio que parecía impensable antes teniendo en cuenta el historial del acusado.

"Una relación afable, cordial y cortés"
La repercusión de la decisión del Supremo, el saber que más allá de Castellón, los ojos de la justicia estaban sobre el caso, fue tan grande que el Presidente de la Audiencia provincial, Carlos Domínguez, se lo contamos aquí, tuvo que reconocer que debía autoexcluirse del caso porque mantiene con el acusado "una relación afable, cordial y cortés" y reconocía que quería evitar así que "los ciudadanos puedan dudar de que mi participación en el juicio oral no fuera objetiva e imparcial". Argumentos que expuso por escrito.

Pero el caso no se ha librado de esas 'sospechas ciudadanas'. Y es que cuando entró en la Audiencia, por mor de la forma en que se hace el reparto de causas, la vista cayó... ¡justo en la sala que ocupan los tres magistrados que habían ordenado al juez instructor que borrara las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias! En medios judiciales de Castellón han asegurado a ELPLURAL.COM que "es cierto que en un lugar tan pequeño como éste, se puede de alguna forma calcular qué sala de la Audiencia recibirá cada caso dependiendo de cuándo se presente..., sin que eso quiera decir que se pueda demostrar que en este caso ha sido así".

Estos tres magistrados -Esteban Solaz, que preside la sala, Aurora de Diego y Pedro Luis Garrido-, a pesar del antecedente, no se autoexcluyeron de llevar el caso, ni tampoco la fiscalía ni los abogados pidieron su recusación. Pero inevitablemente el hecho ha provocado que, como temía el presidente de la Audiencia, una parte de la ciudadanía, los medios y la clase política locales miren con recelo el desarrollo del proceso. Un desarrollo que, según han declarado a este periódico fuentes jurídicas, tampoco está ayudando a disipar las prevenciones.

La soledad del abogado de la acusación particular
"No se está dejando al abogado de la acusación popular prácticamente que repregunte, que intente cotejar declaraciones previas, o que busque contradiciones", nos dice un abogado que ha asistido en la sala a las diferentes sesiones. "Los jueces están dificultando mucho al abogado de la acusación popular su trabajo con continuas llamadas de atención, bloqueando sus preguntas.., con la excusa de que lo que pregunta ya está contestado en el sumario..., cuando todo el mundo sabe que una de las tareas de un abogado debe ser buscar las contradicciones y poner de relieve las dudas de lo que los acusados hayan expuesto ante el juez instructor en sus declaraciones anteriores".

Resulta especialmente evidente esta situación en este caso contra Fabra porque la principal acusación la lleva tan sólo un abogado, el de la acusación particular, que ejerce en nombre de la Unión de Consumidores de Castellón (UCE). "Resulta duro verle en el banco de los abogados, en el que se sientan más de una docena de letrados, tan solo, como principal motor de la acusación.., mucho más que el fiscal o el abogado del Estado", nos dice nuestra fuente.

Reducir la acusación al delito fiscal..., el que no tiene connotaciones políticas
Y aquí llegamos a otro factor que en los medios judiciales de Castellón está resultando también sorprendente. "El fiscal y el abogado del Estado parecen interesados tan sólo en que se vea si Fabra puede o no ser condenado por delito fiscal, pero no siguen el camino que le implicaría en cohecho o tráfico de influencias".  Es decir, a los observadores externos que asisten al caso les da la sensación de que hubiera interés en que a Fabra no se le condene si no es, acaso, por el menor de los delitos, y el que no tiene connotaciones políticas.

 

Rajoy en Castellón en julio de 2008, junto a los ahora diputados, e imputados, Ricardo Costa y Vicente Rambla, al imputado Carlos Fabra, al investigado por el caso Nóos, Francisco Camps, y el sucesor de Fabra, Javier Moliner, el diputado Manuel Altava, Juan José Monzonís (primero a la izquierda), entonces presidente de la autoridad portuaria a punto de sentarse en el banquillo y Jorge Moragas, jefe del Gabinete actual de Rajoy Castellón, julio de 2008, con Carlos Fabra en su esplendor, junto a Mariano Rajoy y Francisco Camps, que tan bien hablaron de él entonces, y varios otros que como él, se han visto, o aún se ven, con problemas con la justicia, como Ricardo Costa, Vicente Rambla o Juan José Monzonís.



Por dar toda la información posible, se puede recordar que el fiscal del caso, Luis Pastor, fue asesor del exministro José María Michavila durante los gobiernos de José María Aznar. Familiares de Michavila, según se publicó en su momento, compartían intereses económicos en una sociedad, Tehys Inversiones, con José Alberto Fabra, hermano de Carlos Fabra.

Quienes siguen el caso nos dicen que la actuación del fiscal Pastor con el juez instructor fue, sin embargo, impecable.., y por ello les sorprenden aún más sus actuales interrogatorios. "Extraña que no repregunte, que no esté buscando sacar a la luz los temas de cohecho, de tráfico de infuencias.., que a él los jueces, en su visión tan estricta de lo que se puede preguntar y lo que no, no le hayan tenido que reconvenir ni una sola vez como sí están haciendo con el abogado de la UCE".

Fabra, exponente de una clase social y de una forma de hacer política
En medios políticos valencianos explican a ELPLURAL.COM su preocupación porque a pesar de las pruebas que se acumulan en este caso, el único que saliera condenado de esta supuesta trama fuera precisamente quién la denunció, el empresario Carlos Vilar, en un momento amigo de Carlos Fabra, y quien le acusó de utilizar tráfico de influencias ante el Gobierno para  favorecer a su empresa, Naranjax. "Sería como ratificar la impunidad de una forma de ejercer la política, el caciquismo que se vive en Castellón, donde la clase económica dominante funciona como una familia, que se protege y que tiene influencia para decidir desde quién debe ir en las listas para diputado, hasta quién recibe el cargo de conserje en un ayuntamiento", se temen quienes viven en la propia Castellón.