Los jueces sustitutos que han visto como el Ministerio de Justicia está dejando morir sus tareas pese a la reconocida sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados en toda España y que durante 30 años ha sido paliada por esos 1.500 profesionales, se concentrarán el lunes en Madrid contra la precariedad laboral en la justicia. Denuncian además que la reciente sentencia del Supremo en contra de sus demandas laborales “abre la puerta al abuso de la contratación temporal para todos los trabajadores”.


La justicia maltratada
“La justicia maltratada. Por una justicia con medios y contra la precariedad laboral” es el lema de la convocatoria que está fijada a las 13:00 horas frente al Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, 45. Esta y otras  movilizaciones están promovidas por la Asociación AJUDICAT y la Asociación de Jueces Concepción Arenal y se han unido a ellas profesionales no asociados y jueces con plaza.

El 30 % de las sentencias
Pocos ciudadanos saben que durante estos treinta últimos años, muchos de los juicios en que se han podido ver inmersos (el 30 % de las sentencias), han sido presididos por un juez sustituto: un jurista que ha suplido la tarea de un juez titular  en ocasiones con un aviso previo de pocas horas antes de la celebración de la causa.

Condiciones lamentables
Estos jueces sustitutos han practicado su tarea en precarias condiciones de seguridad laboral (cotizando exclusivamente los días trabajados), llevándose las sentencias a su casa para resolver, con una media de quince juicios diarios y sujetos a la  incertidumbre de una llamada de teléfono y a la esclavitud de no poder practicar otro trabajo más que la docencia en los tiempos (en ocasiones muy largos) en que no han sido llamados para presidir una sala.

Una ratio mínima
Esto tiene lugar “cuando resulta  más que nunca necesario aumentar la “ratio” de jueces en España (11 jueces por 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21 jueces por 100.000 habitantes)”. Por el contrario, a través de la L0 8/2012 de 28 de diciembre, Justicia “eliminó de facto, mil quinientos jueces que reforzaban los juzgados cubriendo las vacantes, las bajas por maternidad y demás contingencias comunes de los jueces de Carrera”.

Despido encubierto
“Mediante un régimen excepcional de llamamientos, lo que en realidad hizo el ejecutivo español, fue “despedir” de forma colectiva y a través de un ERE encubierto, a estos jueces que representaban el 20 % de la plantilla judicial y que ponían el 30 % de las sentencias en el conjunto del Estado español”, explican.

Sobrecarga excesiva
Ocurre además cuando la sobrecarga de trabajo en los tribunales alcanza a más del 150 % en los Juzgados, de la carga máxima fijada por el Consejo General del Poder Judicial y, denuncian, “alcanza un porcentaje del  600% en algunos juzgados de lo Mercantil”.

Infame Ley de Tasas
Resaltan que este colapso judicial no se ha podido evitar “pese a la infame Ley de Tasas judiciales auspiciada por el Gobierno, y recuerdan que los quinientos millones de euros que se han recaudado con las Tasas, no han ido destinados a la Justicia Gratuita ni a inversión alguna en Justicia, pese al compromiso del ejecutivo.

Conflicto colectivo
La eliminación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes incluyendo también a Fiscales Sustitutos), ha llevado  a la Asociación de Jueces para la Democracia a presentar  una demanda por conflicto colectivo, ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, por la sobrecarga de trabajo y por la falta de un Plan de Prevención de los riesgos laborales.

La muerte de un juez
Recuerdan aquí el caso del juez de lo social de Madrid Ángel Luis del Olmo que falleció en julio de 2013 en su despacho, como consecuencia de un infarto, afectado por un 206% de sobrecarga de trabajo, en relación a los módulos fijados por el Consejo.


Dramas personales
Los jueces sustitutos afirman estar viviendo dramas personales y familiares al no poder hacer frente a hipotecas, ni subvenir a sus necesidades propias. “Todo ello en pago a haber estado trabajando, la mayoría de ellos, durante muchos años con contratos temporales concatenados, desatascando juzgados colapsados, y prestando servicios esenciales a la Justicia”, afirman.

El Ministerio no atiende
Como el Ministerio no les atiende, se han dirigido al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y a los tribunales. En estos dos años que han transcurrido desde que la situación comenzó a ser insoportable han visto “como se producen suspensiones de juicios por falta de jueces, se eternizaban los procesos al borde de la prescripción en asuntos de corrupción, y se señalaban vistas para el año 2019”. 

14.000 millones de euros retenidos
Relatan un largo rosario de situaciones indignantes sufridas por los ciudadanos como el perjuicio al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (indemnizaciones por despido, por accidentes, salarios de tramitación, invalidez, pensiones alimenticias, violencia doméstica) y también para  las empresas que se han visto incluso obligadas a cerrar su actividad, a la espera de una resolución en sus litigios. Indican que 14.000 millones de euros se encuentran retenidos en los juzgados.

Cero horas, cero derechos
Agrava la situación el archivo de la queja presentada ante la Comisión Europea que introduce, por primera vez en España, “el contrato cero horas - cero derechos, lo que abre el peligroso camino de una mayor precarización de las ya precarizadas condiciones laborales del resto de los trabajadores”.

El abuso de la temporalidad
También resaltan una reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a una denuncia de una jueza sustituta. En ella, opinan, “se da carta de naturaleza a la perpetuación del abuso de la contratación temporal sin que el tribunal entrara a valorar los 30 años de concatenación de trabajos temporales que alegaba la denunciante”.

Piden apoyo a todos
Con ello, advierten, se abre la puerta a la precarización laboral y a la discriminación por razón de la duración del contrato de cualquier otro ciudadano español. Es por todas estas razones que los jueces sustitutos piden apoyo a todos los sectores sociales en lo que consideran un atentado contra la Justicia y los más elementales derechos de los trabajadores.