El síndico mayor, Rafael Vicente, ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma los informes de fiscalización de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, durante los que el Gobierno de Camps contrató al Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma, a través de la que presuntamente desvió dinero público.

No se acreditaba el gasto
La Sindicatura estudió los expedientes de los contratos adjudicados al yerno del Rey para la organización de los foros de carácter deportivo turístico Valencia Summit, que costaran a las arcas de la Generalitat más de un millón de euros por edición. Tras su examen, el síndic concluyó que “no quedaba acreditada la necesidad del gasto”, según El Mundo.

No se podía eludir el concurso público
El órgano fiscalizador advirtió, sin éxito, a la Generalitat de Camps de que no podía otorgar los concursos a dedo eludiendo el preceptivo concurso público. La Fiscalía Anticorrupción y el instructor del caso, José Castro coinciden en que se vulneró la Ley de Contratos del Estado.

Un contrato elaborado por Urdangarin
La sociedad pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., (CACSA) prorrogó las ediciones sucesivas de los foros Valencia Summit al dictado del propio Instituto Nóos, como admitió la exasesora jurídica de CACSA, María Ángeles Mallent, imputada hace varias semanas tras declarar que se limitó a “cortar y pegar” en documentos oficiales los informes que había remitido el duque de Palma.

María Ángeles Mallent admitió que su jefe, José Manuel Aguilar, también imputado, le entregó el borrador del contrato que le había enviado el Instituto Nóos para la organización de los Valencia Summit, “para que lo adaptara” al formato de la empresa pública.