El Tribunal Constitucional se vuelve a pronunciar sobre las tasas judiciales impulsadas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según ha publicado El Confidencial.

En respuesta a un recurso presentado por Dvuelta Legal, el tribunal de garantías vuelve a confirmar la insconstitucionalidad de la ley de 2012 lanzada por el exministro. Lo hace un año después de una primera solución que tachó el gravamen de desproporcionado.

Esta polémica decisión de Gallardón provocó una intensa oposición social y de los colectivos del mundo de la Justicia. Pero tres años después de su aprobación, y tras recaudar más de 500 millones, el Consejo de Ministros tumbó el espíritu impuesto y eliminó la mayor parte de la iniciativa.

"Un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia"

Remitiéndose a los argumentos lanzados en 2016 cuando se consideró que las tasas vulneraban el derecho a la tutela judicial efectiva y regulada en el artículo 24.1 de la Constitución Española, la resolución del pleno recuerda ahora que esta inconstitucionalidad decretada tiene eficacia en todos los procesos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que pudiera llegar a reconocerse la "ultraactividad" del anterior gravamen.

El Tribunal también recuerda la imposibilidad de ordenar la devolución de las cantidades pagadas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme, como en aquellos procesos aún no finalizados. 

De esta forma, el pleno precisa que esta última decisión se fundamenta en que, además del perjuicio que ocasionaría a la Hacienda Pública, "la tasa no se declara inconstitucional simplemente por su cuantía en abstracto, sino porque lo elevado de esa cantidad "acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles". 

"No es lo mismo una pyme que una enorme multinacional", asegura el abogado responsable del recurso, Miguel Javaloyes, al referirse al coste económico. Y es que, la iniciativa del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá de reformar la ley de tasas dejó vivas sólo las obligadas para personas jurídicas, en lo que al ámbito jurisdiccional respecta. 

Por su parte, Dvuelta Legal mantiene otro contencioso con el Estado, que se dirime ante la Audiencia Nacional, en contra del gravamen. De esta manera, la batalla se encuentra en este terreno que, según los recurrentes, equipara de forma injusta los pagos a afrontar ante los tribunales por empresas con evidentes diferencias de recursos.