La decisión del alto tribunal no ha sorprendido a los abogados Francisco Baena Bocanegra y al despacho Amparo Legal que representan a Garzón en esta actuación y en su defensa constitucional. Suponían que iba a ser así como ya comentaron en su día a EL PLURAL.COM.

Esta previsión se recogía también en el escrito de nulidad: “En la práctica, la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas por los Tribunales, por lo que Baltasar Garzón si esto ocurre en este caso como es previsible, presentará inmediatamente la demanda de amparo constitucional de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, denunciando estas vulneraciones constitucionales”.

Cumplido este requisito previo de petición de nulidad, la defensa puede acudir al Tribunal Constitucional para presentar el recurso de amparo. Desde ayer, el tiempo corre. En 30 días deberán entregar su petición ante la instancia que entiende de garantías constitucionales y derechos fundamentales en nuestro país.

En su escrito de nulidad, presentado el 22 de febrero, los expertos de Amparo Legal consideraban que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las “escuchas Gurtel” que supuso la inhabilitación como juez de Baltasar Garzón durante 11 años, “ha violado de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege”.

En la demanda de nulidad, Baltasar Garzón sostenía que “la sentencia del Tribunal Supremo es gravísimamente errónea, en cuanto se le condena por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes; que además se funda en una interpretación de las normas penales que supone una desnaturalización absoluta del Código Penal, con grave quebranto de la seguridad jurídica”.

Se añadía además: “incluso la sentencia del TS desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales del mismo y, en definitiva, ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha condenado” Ello, según el mismo escrito “supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier Juez con el Juez Instructor y luego con la Sala sentenciadora, y desnaturaliza por completo la excepcional figura de la prevaricación en nuestro ordenamiento jurídico”.

Los abogados afirmaban ante el Supremo que “la sentencia es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta, y dictada “extra legem”, como exige el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 de la Constitución Española, ya que incurre en contradicciones internas insalvables, y está impregnada sustancialmente de un decisionismo puramente subjetivo”.

Asimismo acusaban a la Sala de vulnerar la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva ya que “ el Tribunal ha partido previamente de un designio incriminador en relación con él, (…) habiendo prejuzgado la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio”.

De la lectura de la sentencia extraían la conclusión de que “parece que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la Sentencia, que sigue literalmente el criterio de los Autos de Juez instructor”. Concluían resaltando que en su opinión la sentencia vulneraba la independencia judicial recogida en diversos artículos de la Constitución Española.