La denuncia fue archivada pero los querellantes pusieron una segunda, alegando que había nuevas pruebas y que la Sala de lo Penal sí aceptó, pese a la oposición de la Fiscalía, que sostenía además que, de considerar que hubo delito de cohecho, "estaría prescrito".

El abogado de Garzón, Enrique Molina, también defendió la prescripción, ya que el último patrocinio fue recibido por el centro educativo el 17 de mayo de 2006 y la querella admitió hasta el 28 de enero de 2010, pasados ya los tres años que la ley fija como plazo de prescripción.

Ahora, el juez instructor, que el pasado 27 de enero consideró que había indicios acreditados de un posible delito de cohecho impropio, se acoge a la tesis de la Fiscalía y la acusación para concluir que, efectivamente, de existir, habría prescrito.