La Sala Penal del Supremo ha aprobado abrir un proceso penal al Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular y senador por este partido, para investigar si cometió un delito de prevaricación administrativa por contratar a dedo a un abogado al que además pagó con dinero público, a cargo de los presupuestos de Melilla. El PP tiene que hacer frente una vez más a la imputación de uno de sus políticos, que además preside Melilla y tendrá que decidir si repite como candidato o le aparta de las listas electorales.

Denuncia de una asociación de abogados
El Supremo ha tomado esta decisión con el criterio favorable del Fiscal y el alto Tribunal considera así fundada de la decisión del juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa. Este juez admitió la denuncia presentada por la Asociación Libre de Abogados de Melilla, y apreció indicios "sólidos" y "relevantes" de que Juan José Imbroda había podido incurrir en delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración.

357.000 euros de minuta
Imbroda contrató a dedo, sin mediar proceso público, a un letrado externo, Juan Jesús Olivares, para representar a Melilla en procedimientos judiciales de carácter social tramitados entre 2001 y 2011. Según el juez instructor, Olivares fue designado "de manera directa" por el Presidente de la Ciudad Autónoma "sin observar ninguno de los requisitos exigidos" en la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

Además el juez considera probado que Imbroda fue quien dio la orden directa del pago de las minutas que presentó el abogado, y que ascendieron a 357.000 euros. No hubo la preceptiva fiscalización previa del gasto y el interventor de Melilla informó al juez de que en sus archivos "no consta la existencia de ninguna documentación" sobre esos pagos.