El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera, en la actualidad secretario de Ideas y Programa, ha asegurado que el PSOE estudiará detenidamente el decreto ley y ha manifestado "dudas" sobre la legalidad y la posible inconstitucionalidad de la nueva norma, que rebaja la indemnización por despido de 45 a 33 días para los contratos indefinidos. "Si hay un derecho adquirido que se cambia sin razón objetiva es discutible. Creo que atenta al principio de igualdad", ha puntualizado.

Todos los despidos pueden ser objetivos
Caldera ha criticado que el decreto reduzca de forma generalizada los derechos de 9 millones de trabajadores que tienen contratos ordinarios, al tiempo que ha añadido que la nueva ley hace posible que cualquier despido sea objetivo y se pague una indemnización de 20 días por año trabajado. Ha lamentado que este tipo de despido pueda producirse cuando una empresa tenga pérdidas de ingresos o ventas durante nueve meses y se ha preguntado qué empresa con la actual situación de crisis no presenta esta situación.

Nuevo contrato sin indemnización alguna
"Se incorpora un concepto de alto riesgo", ha dicho, tras añadir que prácticamente todos los trabajadores podrían ser despedidos por la vía objetiva, pese a que una empresa continúe teniendo beneficios. El portavoz socialista también ha criticado el nuevo contrato indefinido para emprendedores, que eleva a un año el período de prueba y que -en su opinión- facilita el despido transcurrido ese período sin indemnización alguna. "Cualquier trabajador puede ser despedido al año libremente, sin haber consolidado el derecho a la indemnización", ha puntualizado.

Los 33 días se quedan “como un sueño”
Por todo ello, Caldera ha reiterado que "este decretazo" abarata el despido tanto para los contratos nuevos como para los anteriores, así que la indemnización de 33 días por año "se antoja casi como un sueño". En este sentido, ha dicho que el ministro Luis de Guindos tenía toda la razón al calificar la reforma de "extremadamente agresiva" y ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya puesto los medios para una mayor destrucción de empleo este año.

Cayo Lara llama a la movilización
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera necesario que haya una serie de movilizaciones en la calle durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral con el fin de "parar este nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores. "Hacemos un llamamiento a la movilización para responder en la calle lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores", ha añadido Lara en conferencia de prensa, durante la que ha ofrecido un primer análisis de la reforma del mercado de trabajo dada a conocer hoy por el Gobierno.

Marcará “un después”
Lara ha recalcado, no obstante, que la convocatoria de una huelga general corresponde a los sindicatos, de modo que son estas organizaciones las que deben decidir, "y no los presidentes", en alusión al comentario de Mariano Rajoy en Bruselas cuando hablaba precisamente de la reforma laboral. Lara ha parafraseado a la ministra Báñez para corroborar que "efectivamente" esta reforma laboral va a marcar "un después", y ése es la lesión de los derechos de los trabajadores.

Elogios de CiU
Formaciones del grupo mixto, como Amaiur y Esquerra Republicana, también consideran que la reforma es un ataque contra los derechos de los trabajadores. En el lado de los apoyos se encuentra CiU, Convergencia i Unió, el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien destaca los elementos de flexibilidad y el papel que tendrán las empresas de trabajo temporal. El PNV es más escéptico y quiere esperar a leer el texto del decreto ley. Desde el PP insisten en que el nuevo marco laboral contribuirá a crecer y crear empleo y ha aseverado que ofrece seguridad jurídica. Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del grupo parlamentario del PP, ha añadido que la reforma resolverá los problemas laborales que hacen que la economía española destruya más empleo que el resto de países del entorno europeo y ha indicado que da solución a los problemas de empleabilidad tanto en formación como en los canales de búsqueda de empleo.

UGT habla de paso “brutal”
Por parte de los sindicatos, los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez se reunirán el sábado por la mañana para abordar el contenido de la reforma y las medidas a seguir, y después de la misma ofrecerán una rueda de prensa. De momento, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, ha calificado de "brutal" el paso del Gobierno porque por primera vez desprecia el diálogo con los agentes sociales y económicos.

Si Rajoy pide huelga general “nos lo tendremos que pensar”
El representante de UGT ha apuntado que la respuesta sindical surgirá del debate entre los sindicatos tras el análisis profundo la reforma, una vez pase la tramitación parlamentaria, tras la cual podrían empeorar las condiciones presentadas por el Gobierno si deciden no mantener la negociación colectiva. En cualquier caso, ha advertido de que "si el presidente del Gobierno nos pide que convoquemos una huelga general quizás nos lo tendremos que pensar", aludiendo así a unas palabras del presidente Rajoy.

Satisfacción en la CEOE
En el lado empresarial, CEOE y CEPYME creen que la reforma laboral va "en la buena dirección" para la recuperación del empleo a través de "importantes pasos hacia adelante" como la eliminación de la autorización administrativa para los EREs y, sobre todo, la mejor definición de las causas de despido por razones económicas. En un comunicado, las organizaciones patronales aseguran que el decreto "sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y flexible", a la espera de los textos legales y el posterior desarrollo parlamentario para conocer su efectividad práctica. En cuanto a la objetivación de las causas del despido confían en que tenga efectividad en la práctica judicial, con el objetivo de reducir el a su juicio "desproporcionado número de despidos improcedentes que hay en España".