En concreto, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco, donde gobiernan el Partido Socialista, en solitario o en coalición con Izquierda Unida, o los partidos nacionalistas, han  garantizado que, como sucede hasta ahora, ofrecerán el servicio universal con sus sistemas sanitarios. Lo contrario, han dicho diversas autoridades comunitarias, significaría crear “graves problemas de salud pública”.

“Pervertir y recortar el modelo “
Esta mañana, Óscar López, el secretario de organización del PSOE, ha expresado el acuerdo de su partido con los Gobiernos de estas Comunidades que desoyen las instrucciones del Gobierno central.  En una entrevista en el programa Herrera en la Onda, de Onda Cero, López ha señalado que le parece “justo” que estas Comunidades “defiendan la universalidad del sistema público de salud”.

El dirigente socialista ha reconocido que la sanidad precisa de reformas y de la mejora de su financiación, pero ha rechazado que vayan en detrimento de la universalidad del sistema, porque “lo que no se puede hacer es pervertir y recortar el modelo y dejar fuera” de la sanidad “a colectivos enteros” como los inmigrantes sin papeles. Igualmente, Óscar López ha criticado que se haya aplicado  el copago farmacéutico que el PP no había puesto encima de la mesa durante la campaña electoral “porque lo guardaba en el cajón”.

Embarazadas y menores, excluidos
De momento, las Comunidades Autónomas que se han declarado ‘en rebeldía’ ante la decisión del Gobierno central, y que son en realidad las que cuentan con el mayor número de estos inmigrantes en situación irregular, se han  limitado a expresar su voluntad de actuar así, aunque no han dado detalles de cómo van a concretar su acción, ya que las tarjetas sanitarias de estos 150.000 inmigrantes serán anuladas.

El Gobierno de Mariano Rajoy , a través del Ministerio de Sanidad, ha ido dando a conocer en las últimas semanas el mecanismo que ha ideado para, según sus previsiones, ahorrar el gasto sanitario que significa atender a estas personas. En principio, quedarían fuera de esta exclusión las mujeres embarazadas y los menores. Sanidad, aunque no acaba de aclarar todo lo que rodea este asunto, ha dado a entender que también asistirá a los enfermos crónicos, aunque ha dicho que en este caso facturará a los países de origen de los inmigrantes. Lo que no ha dicho es cómo piensa garantizar el cobro de esas facturas.

Un seguro ‘imposible’ de 700 euros
En principio, para el resto de inmigrantes, el Ministerio de Sanidad tiene previsto ‘obligarles’ a contratar un seguro médico que costaría unos 700 euros anuales y por persona, para que pudieran seguir siendo atendidos en la red de la sanidad pública. Todo tipo de asociaciones han recordado al Ejecutivo la dificultad para estas personas de conseguir esa cantidad de dinero, que se vería multiplicada al incluir a dependientes, ya que se trata de personas que tan sólo acceden a trabajos marginales y que cuentan, por tanto, con ingresos muy limitados, si no nulos.

Las asociaciones médicas, así como las autoridades de las Comunidades que se niegan a aceptar la orden del Gobierno central, están advirtiendo del grave problema sanitario que el no tratar a estas personas puede suponer. Además, advierten del colapso que puede traer a los servicios de urgencia.

El decreto, al Constitucional
Las Comunidades ‘rebeldes’ están ahora estudiando cómo gestionar este servicio a aquellas personas que queden excluidas. En principio, y puesto que aún no se conoce el decreto de Sanidad en toda su extensión, las autoridades sanitarias autonómicas no han podido llegar a establecer esos mecanismos. En Andalucía, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha advertido de la posibilidad de que lleven el asunto al Constitucional caso de que el Gobierno central decretara que su decisión fuera de obligado cumplimiento –las competencias sobre Sanidad están transferidas a todas las CC.AA.-.