“Que lo sepa todo el mundo. Me consta que el ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho, ni lo va a dejar”, afirmó ayer el nuevo ministro de Interior. ¿Una rectificación a sus acusaciones de 2009? ¿Un desmentido a las acusaciones que en la pasada legislatura el PP ha lanzado contra el extitular de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exsecretario de Estado y luego ministro, Antonio Camacho?

¿Iniciativa propia o estrategia de Rajoy?
¿Una afirmación hecha desde la iniciativa propia o por mandato de Rajoy en previsión de futuras críticas? En cualquier caso, no fueron unas disculpas. Fernández alabó ayer el "modélico y ejemplar" traspaso de poderes por parte de titular de la cartera, Antonio Camacho, a quien en febrero pasado, cinco años después del supuesto chivatazo a ETA, pretendía implicarle aun en el caso Faisán en una intervención en el Congreso.

Acusación contra Camacho
El entonces diputado popular cuestionó el cambio de estatus de Camacho, que pasó de ser fiscal en excedencia voluntaria a estar en situación “de servicios especiales con carácter retroactivo” y preguntó si tal cambio estaba relacionado con la reactivación de la causa que investiga el presunto chivatazo, porque parecía más que un pase a servicios especiales, que se le estuviese “pagando servicios políticos especiales”.

Insidia al honor
Salió en defensa de Camacho el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quién censuró al PP por "una visión ruin de la política" y por anteponer, según dijo, "la insidia al honor" de un servidor del Estado, "sólo por el hecho de ser su oponente político.

Las calumnias del PP contra Interior
La respuesta de Caamaño iba dirigida también contra la intervención en aquella sesión del Congreso de otro diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, de quien han salido las más graves acusaciones contra el Gobierno en relación con la lucha antiterrorista en los últimos años. En esa ocasión, Gil Lázaro interpeló al entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien responsabilizó de “de la mayor bajeza cometida por el departamento de Interior después de la guerra sucia, un caso que apesta a cloaca de Estado”, afirmó.

La X del Faisán
Este fue solo uno de los innumerables descalificativos contra la política antiterrorista del Gobierno usados por los populares. Acusaron a Zapatero y a Rubalcaba de ser la “X del Faisán”; al entonces ministro de Interior de “pisotear la ley en función de sus intereses políticos” y de tener “una deuda con el Estado de Derecho, con las víctimas del terrorismo, con la Policía y con la dignidad colectiva de la sociedad española”, y a Antonio Camacho, a quien Jorge Fernández agradeció el “modélico y ejemplar” traspaso de poderes, le calificaron de “corresponsable político”.

"Ejemplar gestión del final de ETA"
“Se habla mucho de que a esta casa, el ministerio del Interior, le va a tocar una especial responsabilidad en eso que se ha venido a llamar la gestión del final de ETA. Y se ha llevado de manera ejemplar”, afirmó ayer Jorge Fernández, en lo que sin duda fue un elogio a la labor de Rubalcaba y Camacho, en definitiva, al Gobierno socialista, acusado hasta la saciedad por el PP en la oposición de “buscar atajos a la ley”, y particularmente, por el nuevo ministro de “congelar la aplicación del Estado de Derecho”. Entre otras calumnias.