El presidente valenciano fue más allá y mostró su confianza en que Carlos Fabra sea absuelto de los cargos que se le imputan: tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El expresidente de la Diputación de Castellón continúa estando al frente de la empresa pública Aerocas, gestora del célebre aeropuerto inaugurado en esa provincia en marzo pasado, sin tener los permisos de vuelo y que aun hoy sigue inoperativo.

La trampa del Código de Buenas Prácticas
El Código de Buenas Prácticas del PP, anunciado en diciembre de 2009 tras el escándalo del caso Gürtel, obliga a sus dirigentes a poner a disposición del partido el cargo que desempeñe ante un procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, sin embargo, -y aquí está la trampa- sólo cesará si el Comité Nacional de Derechos y Garantías considera que su permanencia en el puesto en  daña a la formación. Este comité no se ha manifestado sobre Fabra -que, como ya hemos apuntado, ocupa la presidencia de la sociedad pública que gestiona el aeropuerto de Castellón- ni hay visos de que lo vaya a hacer en el corto plazo.

Avergonzado por el saqueo de Emarsa
El presidente valenciano descartó con su solicitud de respeto a la justicia que el PP vaya a suspender de militancia a Carlos Fabra ayer, el mismo día en que se confesó “avergonzado” por el desfalco en la empresa pública Emarsa, en la que están implicados varios cargos del PP. Alberto Fabra anunció que se abriría una comisión de investigación, pero dada la postura nada consecuente del PP en Valencia ya la oposición en las Corts teme que se convierta “en un paripé”.

El veto a fiscalizar el PGOU de Alicante
Las dudas de la oposición valenciana no son infundadas. Minutos después de anunciar la apertura de esa comisión de investigación sobre Emarsa, el PP valenciano con su mayoría absoluta en las Corts votó en contra de fiscalizar las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que constituye una de las ramas del caso Brugal, e implica a alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y a su predecesor, Luis Díaz Alperi.

La oposición no cree en las buenas intenciones de Alberto Fabra
El sucesor de Camps en la Generalitat dijo ayer al referirse a Emarsa: "Nos sorprende y nos avergüenza". No es para menos, se trata de un agujero de 30 millones de euros entre 2004 y 2010 y de 16 cargos imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios. Sin embargo, los grupos en la oposición, visto los hechos, no se ha tomado en serio las palabras del nuevo president. "¿Que no vaya a poner trabas en Emarsa significa que sí las va a poner en otros casos?", apuntó, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra. La postura  del PP frente a Carlos Fabra y el caso Brugal atestigua sus palabras.