La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fotografía a Mariano Rajoy y el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio Gonzáles Terol



Si pensábamos que dentro de la trama Gürtel ya estaba todo visto, estábamos muy equivocados. Como uno de los epicentros de la Gürtel destaca el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), donde se ha vuelto a desarrollar un suceso, cuanto menos, digno de explicar.

El pasado 30 de octubre, los concejales del PP (que ya de por sí suman mayoría) se aliaron con la única edil de IU en el ayuntamiento, Beatriz Martínez Moya, que a día de hoy ha sido expulsada del partido, para "elevar al Congreso de los Diputados la petición de un cambio en la ley electoral y en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas” con una intención clara: “introducir la imposibilidad de tener un cargo público y al mismo tiempo ejercer como abogado defensor de un imputado por caso grave de corrupción”, según publica El Confidencial.

Además, en su escrito dejaban claro que esta incompatibilidad se debería de aplicarespecialmente en aquellos casos en los que la trama investigada y las actividades del imputado puedan haber causado un perjuicio al patrimonio y a la imagen de la Administración pública en la que el cargo público ejerce su labor y a la que representa".

Coincidencia, o no, en la lista de ediles del ayuntamiento de Boadilla aparece un nombre: Ángel Galindo Álvarez, líder del partido opositor e independiente Alternativa por Boadilla y, desde hace años, abogado de José Luis Peña, el exconcejal de Majadahonda que destapó en 2007 el caso Gürtel, al presentar unas grabaciones al líder de la trama, Francisco Correa.

Con este extraño pacto PP-IU, el ayuntamiento pide expresamente al Congreso que modifique el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos para que una persona no pueda ser al mismo tiempo representante público y abogado defensor de imputados por corrupción.

Pese a que las pruebas aportadas por Peñas fueron las que hicieron posible que se comenzara la investigación del caso, fue imputado dentro de la pieza que afecta a otro de los epicentros de la Gürtel, el Ayuntamiento de Majadahonda.

Con todos estos datos, la moción afectaría directamente a Galindo, que tendría que elegir entre seguir defendiendo a Peña o ser edil de Boadilla. “Parece que quieren que me quede sin abogado”, ha denunciado Peña en declaraciones a ELPLURAL.COM añadiendo que “el PP es un experto en conculcar los derechos fundamentales de las personas”.

Para Peña este caso se podría enmarcar “más en los tiempos de Franco que en una Democracia. Como ellos saben mucho de Franco, pues hacen estás mociones” que además cuenta “con el agravante de hacerse con una persona expulsada del partido”.

Para Galindo, la explicación es clara. “La desesperación del PP, y especialmente de su alcalde Antonio Gonzáles Terol, le lleva a cometer estas fechorías políticas. Según ha explicado a ELPLURAL.COM, el PP “vuelve a hacer una vez más el ridículo ante la opinión pública y a quedar en evidencia”.

Tras la presentación de la moción, Galindo ha relatado como compañeros de otros partidos se han puesto en contacto con él para mostrarle su “vergüenza” y “bochorno” tanto por el hecho en sí, “por lo que el PP trata de hacer conmigo”, como “por el contenido de la moción”.

Galindo ha querido recordar que Terol, además de ser el alcalde popular de Boadilla del Monte, aparece en el puesto número 13 como candidato al Cingreso de los Diputados por Madrid, en la lista de Rajoy. A esto, hay que sumarle que en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Esperanza Aguirre como responsable de afiliaciones en Madrid.