Grupo de trabajadoras despedidas por Tizón pidiendo su readmisión en las puertas de la Diputación. Grupo de trabajadoras despedidas por Tizón pidiendo su readmisión en las puertas de la Diputación.



Está claro que el PP de Castilla-La Mancha que preside María Dolores Cospedal siente poco (o nulo) respeto por las decisiones judiciales, como lo prueba que alcaldes condenados por prevaricación en sentencia firme se nieguen a abandonar su cargo, como adelantó ELPLURAL.COM, o que el mismo presidente del partido y de la Diputación de Toledo, el pluriempleado de los 120.000 euros anuales que “ni me importa ni me interesa” los niños con cáncer, Arturo García-Tizón, tenga que ser advertido seriamente por un juez para que de forma inmediata proceda a la reincorporación de 22 trabajadores despedidos ilegalmente en el verano de 2012 y que el también concejal del Ayuntamiento capitalino, diputado nacional y presidente de la Comisión Constitucional, elude constantemente ejecutar a pesar de existir anteriores sentencias que le instaban a recolocar en sus puestos de trabajo a esta veintena de personas, puestas de patitas en la calle por un “capricho personal del señor Tizón”, denunció en su momento el Grupo Socialista.

Parecido comportamiento al de Cospedal
En parecidas circunstancias, la presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, no tuvo más remedio que anunciar estas navidades la readmisión de 500 interinos despedidos de forma ilegal y que hora, además de reincorporarlos a sus puestos de trabajo, tendrá que pagar sueldos y atrasos por un montante superior a los 30 millones de euros. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego afearon a Cospedal “la infracción del ejercicio de la facultad negociadora, lo que implica una violación del derecho a la libertad sindical consagrada en la Constitución”. (Ver sentencia).

Un mes de plazo para García-Tizón
Y es que los jueces están hartos de tanto pasotismo de los líderes conservadores manchegos. Así las cosas, el magistrado que rechaza las argumentaciones mediante las que el equipo de gobierno de la corporación provincial, presidida por García-Tizón, que a través de la interposición de un procedimiento incidental pretendía eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJ-CLM que declaró nulos aquellos despidos y  ordenó la readmisión de las personas afectadas. El nuevo auto requiere a Tizón a que “en el plazo de un mes proceda a la readmisión de los trabajadores” y le advierte que de no hacerlo, “el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla”. (Ver auto).

Frío e indiferencia del PP…
Este nuevo triunfo judicial lleva al sindicato de izquierdas a felicitar a los trabajadores beneficiarios de este auto judicial “y en especial a aquellas trabajadoras que, a pesar del frío, han estado en la puerta de la Diputación durante varias semanas para reivindicar los derechos laborales que el Gobierno de García-Tizón ha querido pisotear, afortunadamente sin éxito”, concretan.

…Contundencia judicial…
El equipo de García-Tizón trató de eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJ, llegando a ofrecer a los 22 trabajadores una indemnización equivalente al despido improcedente, con el pretexto de que los puestos de trabajo que ocupaban han dejado de existir. En este sentido, el juez lo tiene claro y señala que: “no puede aceptarse la imposibilidad legal y material de readmisión” alegada por García-Tizón, puesto que “no puede olvidarse que la Diputación sigue prestando sus actividades con múltiples centros de trabajo, habiendo efectuado multitud de contrataciones en el periodo de tiempo transcurrido entre la efectividad del despido y la fecha de la presente comparecencia”.

…Y 1,5 millones de coste para los toledanos
Por todo ello, CC OO pide la inmediata dimisión del presidente de la Diputación de Toledo, “por tratar de eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales y porque sus barrabasadas les van a costar a los toledanos más de un millón y medio de euros solamente en salarios”, añaden los sindicalistas, “una vez más, un órgano judicial vuelve a poner en evidencia tanto las indefendibles artimañas jurídicas con las que García-Tizón ha pretendido burlar el cumplimiento de una sentencia como la nefasta política en materia laboral del actual presidente de la Diputación de Toledo, que en este caso, solo en salarios dejados de percibir por los trabajadores despedidos ilegalmente, le van a costar a los toledanos 1.500.000 euros, por lo que por decencia política el señor García-Tizón debería inmediatamente dimitir”.