Los jueces conservadores
Los magistrados conservadores Fernando García Nicolás, presidente de la Sala, y Julio de Diego López, ponente del auto, alegan que el soplo al dueño del bar Faisán, José María Elosúa, evitó las detenciones previstas contra la red de extorsión, así como la recuperación de una cantidad de dinero procedente del impuesto revolucionario. Son hechos, añaden, supuestamente constitutivos de un delito de colaboración con ETA, aunque sus supuestos autores no comulguen ideológicamente con la banda, según Público.
El Gobierno estaba legitimado
De Prada, miembro de Jueces para la Democracia, defiende en su escrito que la "finalidad última" de los delitos terroristas es política y, por tanto, es en ese plano, en el de la "negociación política", en el que se encuentra legitimado un Gobierno para desarrollar "acciones" tendentes a "la pacificación y el fin de la lacra del terrorismo". El magistrado entiende que el Ejecutivo y la Policía han cumplido con sus “obligaciones”.
La solicitud de la Fiscalía
La Fiscalía había solicitado retirar la imputación por colaboración con ETA contra el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior en Euskadi, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros, que también están acusados de un delito de revelación de secretos.
Tres policías con laro historial antiterrorista
Víctor García Hidalgo, político del PSE, era el encargado de coordinar con las Fuerzas de Seguridad la protección a los cargos de su partido, antes de ser nombrado director de la Policía. El policía Enrique Paimés lleva más de dos décadas combatiendo contra ETA, y en su historial cuentann numerosas condecoraciones y desarticulaciones de comandos y cúpulas de la banda en su historial. El inspector Ballesteros también ha dedicado buena parte de su carrera a la lucha antiterrorista.
