Las medidas anticontaminación de Manuela Carmena siguen resultando ofensivas para a la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, presidente regional, envió este pasado lunes una carta a la alcaldesa exponiéndole la petición de anular el nuevo protocolo anticontaminación que entró en vigor el pasado 8 de octubre. En el escrito se le ha comunicado al Ejecutivo local que dispone del plazo de un mes y, en caso de que Manuela Carmena, no revierta esta medida, acudirán a los tribunales.

Según informaba El Mundo, el Ejecutivo autonómico alega que el Gobierno municipal ha “incumplido la prescripción legal” que exigía la presentación del protocolo en la Sección de Calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente antes de su aprobación definitiva.

Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente, subrayó en una rueda de prensa en la que se encontraba acompañada por el concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño, que no tiene “ningún miedo” a frenar el plan por las amenazas recibidas por el PP y la Comunidad de Madrid. Y ha aprovechado para recordar que la movilidad es una competencia municipal. Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha comunicado que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo “contra la ordenanza de movilidad por la que se regula Madrid Central” y han solicitado medidas cautelares.

Sabanés ha contestado a este comunicado explicando que pedirá amparo a la Comisión europea si el “acoso” por parte del PP continúa. Ha alertado que “si esta escalada de acoso en contra de preservar la salud de los madrileños continúa, el Gobierno también hará requerimiento a la Unión Europea”.

“Hay una diferencia entre lo que los partidos hacen o dicen y lo que las instituciones están obligadas a garantizar”, advertía Sabanés a Ángel Garrido; a quien le ha pedido “no confundir” lo que el PP diga con sus responsabilidades institucionales. Aunque al margen de las decisiones que estén por venir, el grupo municipal popular ha hecho público hoy su recurso contra la ordenanza de movilidad sostenible que entró en vigor el pasado 24 de octubre y que contempla la creación del área central de bajas emisiones.

El Partido Popular exige en su recurso una memoria económica para la puesta en marcha de Madrid Central. La delegada de Medio Ambiente ha advertido que “si (no cesa) esta escalada de acoso, de denuncia y de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal de preservar la salud, (…) desde luego el Gobierno municipal hará requerimientos, informaciones y comunicaciones a la Unión Europea”, habiendo destacado que España y Madrid han recibido advertencias “muy serias” por parte de la Unión Europea.

Tanto el Gobierno de Manuela Carmena como el de Ada Colau lograron convencer a la Comisión Europea de que su apuesta contra la contaminación era un plan que se habían planteado llevar a cabo en serio. Por eso, el abanico de medidas que presentaron ante Bruselas para combatir los altos niveles de contaminación han librado a España de los tribunales comunitarios y de una multa de unos 2.700 millones de euros por incumplir año tras año los niveles de NO2 permitidos, al menos por el momento.

El jefe del Ejecutivo autonómico, sin embargo, ha instado hoy al Ayuntamiento a defender el proyecto de Madrid Central en “Europa, Asia, América y Oceanía si lo ve conveniente”, ya que él acudirá a los “tribunales españoles para denunciar cosas tan mal hechas”. El Gobierno de Ahora Madrid es inflexible: el tiempo de las “medidas ultrasuaves” para “no molestar a nadie” ha terminado la delegada de Medio Ambiente.

Inés Sabanés ha confirmado que el día 30 de noviembre arrancará el plan de restringir el paso a vehículos más contaminantes con el etiquetado, dándole prioridad a los residente: “Es un día muy importante, a efectos de lucha contra la contaminación y la preservación de la salud de la ciudadanía me atrevería a decir que es un día histórico”, ha dicho sobre la aprobación de este plan, que supone el de mayor calado de la legislatura. Las sanciones, una vez pasado ese periodo, serán las mismas que las que actualmente se interponen por circular indebidamente por una de las Áreas de Prioridad Residencial (APR), ha indicado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad.