Una vez atrapados irremediablemente en la tormenta de la hipérbole, la única esperanza es retener algunas lecciones para tenerlas en cuenta en el futuro. De haber un futuro para el diálogo. No parece que Pedro Sánchez vaya a renunciar y los independentistas no tienen alternativa porque su unilateralidad fracasó, aunque algunos todavía no se han enterado. De momento, el primer intento de abordar el conflicto con perspectiva política ha sido suspendido por el Gobierno central, acosado por amigos y enemigos, agotado por la persistencia de sus interlocutores en exigir lo que está fuera de la Constitución, víctima de su propia debilidad parlamentaria y por la falta de una oferta legal y ambiciosa.

El toque de corneta de la derecha y el impacto de la voz cavernosa del viejo socialista, quien un día fue el más joven nacionalista español que accedió a la Moncloa, a raíz de una auténtica nimiedad formal denominada relator, avivaron una concatenación diabólica de factores negativos para mantener un incipiente diálogo político de cierta profundidad, más allá de las relaciones institucionales de obligado cumplimiento, durante años inexistentes.

De estos factores, algunos son inevitables: la celebración del juicio en el Tribunal Supremo, la tramitación de los presupuestos generales y las elecciones autonómicas y municipales. Al margen del resultado de cada uno de estos retos que pueden configurar una panorama más complejo todavía o suavizarlo moderadamente, la presión (y los nervios) que implican su presencia en la agenda no ayudan en nada a ningún diálogo. Si además las calles de Madrid y Barcelona se llenan de banderas, la mínima serenidad exigible se vaporiza. Finalmente, la debilidad parlamentaria y política de los interlocutores ha hecho el resto.

El contexto general ha sido adverso, sin embargo no se le puede atribuir la suspensión de forma exclusiva, ni tal vez determinante. El Gobierno Sánchez ha sido sometido permanentemente por el Gobierno de la Generalitat y los partidos independentistas a un peligroso juego de palabras que combinaba negociación y derecho a la autodeterminación, en intensidad variable, modulada en función del día a día sus rencillas internas, muchas y profundas, y del estado de ánimo de sus bases, con tendencia a ver traición en cualquier esquina, coincidiendo en eso con el españolismo más inmovilista. 

En el desarrollo de este juego no han tenido en cuenta las dificultades creadas al gobierno del PSOE frente a una parte de su propio partido y anta la mayoría de la opinión pública española. En 2017 despreciaron la fuerza del estado y ahora la debilidad del PSOE.        

Tanta veces como se le ha planteado el derecho de autodeterminación como requisito para negociar, tantas veces lo ha negado el gobierno Sánchez, aduciendo que es un imposible constitucional. Sin embargo, no ha sido suficiente para compensar la insistencia de los portavoces independentistas en reclamarlo, ni mucho menos han conseguido explicar que la insistencia de las proclamas soberanistas estaban dirigidas esencialmente a los suyos y no tanto a un gobierno constitucionalista cuyo margen de maniobra en esta materia es cero y además explicitado por activa y pasiva.

Las declaraciones periodísticas han tenido mucha más fuerza que los hechos parlamentarios, lo que en la política catalana de los últimos años ya constituye un hecho diferencial. En el último pleno del Parlament, la CUP propuso una moción que exigía “detener el diálogo político con el Estado español que no tenga como condición previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión, la liberación de los presos y el libre retorno de los exiliados”. JxCat y ERC se abstuvieron de votar tal exigencia en sede parlamentaria; sin embargo, a los pocos minutos, diferentes portavoces volvían a insinuar ante los medios que las enmiendas a la totalidad de los presupuestos dependían de una aceptación a dialogar sobre la autodeterminación.

Nadie que no sea catalán y haya vivido los últimos años en Cataluña puede entender o soportar el lenguaje y el sentido real de los mensajes emitidos constantemente por el universo político y mediático del independentismo. Nadie que esté al caso de lo sucedido en el verano y otoño de 2017 puede creerse al pie de la letra lo que se dice, salvo que uno sea ciudadano de la república catalana, dirigente de la derecha española o candidato socialista en las elecciones de mayo. En todo caso, Moncloa no ha podido resistir a la presión ni a la expectativa de no obtener el apoyo de sus hipotéticos aliados independentistas para tramitar los presupuestos. El diálogo político queda hibernado, a la espera de la llegada del verano. Un tiempo precioso para reflexionar sobre el atractivo real de un nuevo estatuto como oferta de consenso.