El Tribunal Constitucional ha amparado por segunda vez al denunciante del Caso Gürtel, José Luis Peñas. El ponente de esta segunda sentencia ha sido el Presidente del Tribunal, Pascual Sala Sánchez.

Desestimaciones de los jueces de Madrid
Peñas denunció ante los Tribunales ordinarios de Madrid y hasta en 112 ocasiones la vulneración reiterada de sus derechos fundamentales.  Todos los jueces de Madrid (excepto uno, el magistrado del Juzgado nº 4 de lo Contencioso de Madrid, Carlos Gómez Iglesias) desestimaron los recursos, copiando una sentencia mal fundamentada, que provocó una situación en cadena.La Sala de lo Contencioso de Madrid desestimó así mismo los recursos de apelación contra las 104 sentencias desestimatorias y, revocó las 8 sentencias dictadas por el Juzgado 4, que amparaban a Peñas.

"Es evidente que fueron represaliados"
"Es evidente que los dos concejales expulsados del PP fueron represaliados, vulnerando sus derechos constitucionales de forma sistemática, razón por la cual pedimos el amparo judicial que ahora se les reconoce. El responsable político de estas vulneraciones es Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda. Los partidos políticos, especialmente los que se autocalifican como democráticos, deberían prescindir de las personas que vulneran los derechos de sus adversarios políticos" manifiesta el abogado de los ex concejales del PP, Ángel Galindo.

La doctrina consolidada en 2009
El TC asienta así la línea de amparo iniciada con la primera sentencia y que estuvo a punto de peligrar cuando la Sala Cuarta del Alto Tribunal presidida entonces por el conservador Vicente Conde rechazó hasta 11 recursos por esta cuestión idénticos a los que estaban siendo admitidos por la Sala Primera. Tras la renovación del TC y la salida de Conde, el TC recuperó la unidad de criterio el pasado 4 de abril cuando la Sala Segunda decidió por unanimidad reconocer que hay doctrina consolidada para resolver los recursos de Peñas contra el veto del grupo popular en Majadahonda e instó a su Sala Cuarta a actuar en consecuencia. La doctrina consolidada a la que aludían era que el TC amparó en 2009 a dos diputados provinciales expulsados de PSOE que denunciaron también que no se les permitía ejercer sus derechos fundamentales.