El Tribunal Constitucional ha anulado hoy la Declaración Unilateral de Independencia acordada por el Parlament el pasado 27 de octubre, una resolución que ha tomado al aceptar el incidente de ejecución contra la misma presentado por el Gobierno, en virtud del cual ya la había suspendido cautelarmente.

El pleno del Constitucional ha decidido, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa Ana Simó y José María Espejo, tal y como pedía el incidente presentado por el ejecutivo central. Por otra parte, el Constitucional perdonará las multas que impuso a los responsables de la administración electoral del 1 de octubre, Josep Maria Jové y Montserrat Vidal.

El Constitucional multó con 12.000 euros diarios al que fuera número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové; y con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal, jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat. También impuso las mismas multas, repartidas en función de su rango, a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O. Con esa decisión aplicó por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. Esas multas tuvieron el efecto coercitivo que perseguían ya que ninguno de los implicados actuó como parte de la administración del referéndum ilegal. De este modo, y por esa razón, el Constitucional las dejará sin efecto.

El alto tribunal va a volver a deducir testimonio contra Forcadell y otros miembros de la Mesa porque se han presentado ante él nuevos incidentes de ejecución de sus sentencias promovido por el Abogado del Estado, y tiene previsto hacerlo en la jornada de hoy.