El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público un duro informe sobre la corrupción en España. En un documento titulado "prevención de la corrupción en los diputados, jueces y fiscales" se afirma que "los recientes escándalos de corrupción atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones" y, entre otras cosas, pide que se modifique el método de elección del Fiscal General de Estado que nombra directamente el Gobierno.

Contra las "revolving doors"
El concepto de "puerta giratoria" popularizado en los medios de comunicación españoles para definir el paso de altos cargos de la política a empresas privadas y viceversa, aparece en el informe que critica con dureza el "revolving doors" instalado en la política española, con casos como los de ex consejeros de la sanidad madrileña que acaban trabajando para empresas sanitarias a las que adjudicaron contratos. También son llamativos los casos de ex presidentes que acaban fichando por consejos de administración (todos menos Zapatero). El informe pide una regulación más concreta sobre esto y textualmente dice que "está preocupado porque un diputado pueda usar su posición parlamentaria para asegurarse un trabajo en la empresa privada una vez que deje el Parlamento", es por ello por lo que pide la elaboración de un código de conducta.

Duras críticas a la Justicia
Pero el informe es especialmente duro y crítico con las instituciones judiciales, para empezar duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial cuya independencia considera que no está acreditada y concretamente "Greco recomienda que se lleve a cabo una evaluación del marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos en la percepción real y percibida de su independencia".

El informe reclama la puesta en marcha de un código de conducta para los jueces "que sea accesible al público" y que se complemente con un código que prevenga sobre los conflictos de intereses. Aunque el Consejo de Europa elogia la decisión del Gobierno de aprobar una Ley de Transparencia, la considera claramente insuficiente y pide que se elabore un documento concreto "que demuestre el compromiso del Parlamento con la integridad".