La reforma legal impulsada desde la Comunidad Valenciana frente a campañas de nacionalistas e independentistas catalanes en los estadios de fútbol que llegó al Congreso en abril de 2008.
Pese a los años transcurridos desde que la iniciativa fuera registrada, no ha habido oportunidad para debatirla en el Pleno del Congreso, donde las proposiciones de ley de Parlamentos autonómicos sólo se ven en la primera sesión plenaria de cada mes y guardando un riguroso orden de presentación.

Un texto presentado ante el Gobierno de Zapatero
Se trata de un texto presentado en su día frente al Gobierno socialista pero que ahora corresponde plantear al del PP y en un contexto de crisis económica y de ajustes. Por dos veces, las Cortes Valencianas retiraron del orden del día la reforma estatutaria alegando que aún no habían elegido la delegación autonómica que la presentase, un trámite que no han resuelto hasta hace escasas semanas.

Prohibir los "ultrajes a España"
En concreto, la reforma busca añadir una serie de artículos para prohibir la realización de actos de contenido político durante la celebración de competiciones deportivas cuando se trate de acciones que llaman a la discriminación, el odio y la violencia, o bien que supongan "ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos y emblemas".
De acuerdo con la propuesta, la realización de estas acciones se consideraría infracción grave y merecería sanción al mismo nivel como la alteración del aforo o la participación violenta en altercados, peleas o desórdenes públicos.

La polémica provocada por Aguirre
El Congreso debatirá la propuesta de las Cortes Valencianas cuando están frescas las pitadas en la final de la Copa del Rey celebrada en Madrid el pasado 25 de mayo, y también lo está la polémica tras las declaraciones de Aguirre sobre que debía suspenderse el partido si los aficionados del Athletic Club y del FC Barcelona silbaban contra el himno o el Príncipe, que presidió la competición.

Una cortina de humo
Los socialistas vieron en las palabras de la presidenta madrileña un interés de crear una cortina de humo con una polémica artificial para no hablar de lo verdaderamente importante, que es su engaño deliberado de las cuentas de la Comunidad de Madrid' de 2011, con un déficit oculto.