Como el pasado jueves les contábamos en ELPLURAL.COM, se conoció entonces que Carlos Dívar podía acabar recibiendo una indemnización por su cese de 208.000 euros. Se trata, en realidad, del cobro que corresponde a los altos cargos cuando se produce su salida del puesto, y que se concreta en una cantidad equivalente al 80% de sus retribuciones en un plazo de dos años. En el caso de Dívar, que percibía 130.152 euros anuales, esa cantidad se elevaría a los conocidos 208.000 euros.

Dívar ha optado por la indemnización y renuncia a la jubilación
Es una cantidad que cobran, conforme a su sueldo, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y los demás altos cargos de la Administración. Está recogido así en el artículo 10.5.1 de la ley 74/1980, que regula esta situación y que está en vigor desde diciembre de aquel año. Durante todos estos años, incluso esa indemnización los altos cargos la podían cobrar simultáneamente a otros ingresos provenientes del Estado.

Pero conforme al Real Decreto ley 20/2012 que se aprobó el 13 de julio, se restringía esta simultaneidad en las percepciones de ingresos recibidos desde la Administración. Por ejemplo, como sucedía en el caso de Carlos Dívar, resultaba imposible ya cobrar esta retribución y la pensión que le corresponde por su situación de jubilado. Dívar, ejerciendo el derecho que considera le corresponde, y puesto que es mucho menos dinero el que recibe como jubilado, optó por renunciar durante estos dos años a la pensión.

"Es lo que marca la ley, el ha optado y está en su derecho", le dicen a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas. Es la misma opinión que expresó el recién elegido presidente, el miembro de Jueces para la Democracia (JpD), de perfil progresista, Gonzalo Moliner.

Menean el caso Dívar para desestabilizar a Moliner
Algunos jueces, encabezados, según le dicen a ELPLURAL.COM, por la vocal Margarita Robles, que es de JpD, pero que, como les contamos en este periódico, apoyó a un miembro de la conservadora Asociación profesional de la Magistratura para sustituir a Dívar, José Ramón Ferrándiz, "sigue meneando el árbol de Dívar, porque lo que quieren es desgastar al nuevo presidente, elegido contra sus deseos, y que no se está dejando manejar". Estas fuentes, que conocen muy bien el funcionamiento del CGPJ, aseguran a nuestro periódico que en realidad es un grupo minoritario, y que la mayoría aceptan, más allá de que les guste o no, lo que marca la ley, "y en ese sentido, el Consejo está 'condenado' a darle a Dívar, como se hace con cualquier otro alto cargo del Estado la indemnización que le corresponde".

En cualquier caso, nos aseguran, contrariamente a lo que se ha dicho en muchos medios, hoy no estaba en el orden del día aprobar o rechazar la indemnización del anterior presidente del CGPJ, sino tan sólo la de pedir un crédito al ministerio de Hacienda, en concreto de 43.000 euros, ya que al no estar prevista la dimisión de Dívar, el Consejo no tiene el dinero necesario para cumplir con esta obligación.