“¿Coacción?”
“Me suena a coacción ante nuestra intención de denunciar casos de presunta corrupción. Pero el alcalde ha dado en hueso porque esto es un acicate para seguir adelante”, declaró rotundo a EL PLURAL.COM. Francisco de Gregorio quien explica que hasta la toma de posesión del nuevo ayuntamiento en junio del 2011, todos los concejales recibían un sueldo. En el caso de la oposición, el portavoz de grupo cobraba 28.000 euros anuales y el resto de ediles 18.000 euros brutos al año.

Alcalde “vengativo”
“Lo que ocurrió entonces es que el PP ganó la alcaldía pero perdió un concejal, el número 10 de la lista que hasta entonces había sido el encargado de servicios (basuras y otras contratas), en la anterior legislatura. El alcalde decidió nombrarle cargo de confianza y nos pidió que no nos opusiéramos en el pleno”, explica de Gregorio. “Pero dijimos que no  y en resumen, eliminó los sueldos y los sustituyó por la dieta de 500 euros por pleno. Eso sí, contrató como asesor a la persona en cuestión que bajo las órdenes del concejal de Urbanismo, Gonzalo Cuesta, y del alcalde, sigue al cargo de lo que llevaba antes. Parece como una pequeña venganza.”

250 euros para concejales de la oposición
“Tanto este cargo de confianza como el resto de concejales (salvo uno que está jubilado y cobra dietas), perciben más de 30.000 euros brutos anuales. El sueldo del alcalde es de 71.000 euros brutos al año, lo que no está mal para un municipio de 18.000 habitantes”, comenta Francisco de Gregorio. Si el aviso del regidor Fernández Quejo se cumple, los 500 euros de dietas por pleno se quedarán en 250.

Empresa privada, licencias públicas
El disgusto del regidor de San Lorenzo de El Escorial viene motivado por la decisión de los concejales socialistas de presentar una denuncia contra Gonzalo Cuesta, concejal de Urbanismo, cargo que ostenta desde 1999. La concejala socialista Susana Barquilla, planteó en el último pleno municipal la relación del concejal Cuesta con una determinada empresa privada dedicada a la promoción de inmuebles. El caso concreto referido era el de un edificio comercial construido en la calle Teresa Berganza n´º 33 para el que se concedieron por unanimidad de la Junta de Gobierno municipal dos licencias el 7 de junio del 2007 y el 4 de junio del 2008. En ambos casos, el concejal de Urbanismo formaba parte de la Junta.

El concejal y la empresa
Hasta ahí aparentemente, todo en orden salvo que –denuncian los concejales socialistas- el concejal Cuesta “fue nombrado apoderado de la empresa que había solicitado la licencia, Huaco Obras y Servicios S.L. desde el 23 de octubre del 2007 hasta el 8 de agosto del 2008. A partir de esa fecha  el presidente de la empresa fue Francisco Javier Carbonell Lozano”. En diciembre de 2007, según el mismo relato, “Huaco vendió la parcela de la calle Teresa Berganza a la empresa “Azul Solimar SL y Asociados Investment administrada por el citado Carbonell Lozano que es quien recibe la segunda licencia de 2008 de la Junta de Gobierno municipal de la que forma parte Gonzalo Cuesta”. Resaltan los socialistas que las tres empresas: Huaco, Azul Solimar y Asociados Investment comparten o compartieron sede social en la calle Basauri de Madrid”.

Concejal a tiempo parcial según el PP
Por su parte, el Partido Popular de San Lorenzo del que es presidente el alcalde de la localidad, a través de su web oficial en el municipio, niega irregularidades y dice que “Gonzalo Cuesta mantuvo una dedicación parcial como concejal en la anterior legislatura, compatibilizando este puesto con su actividad profesional. Como parte de ese desarrollo profesional se incorporó en julio del año 2007 a puestos de Dirección dentro de la empresa Huaco”. (…) “La licencia de obras se solicitó el 24 de abril de 2007 siendo finalmente concedida el 5 de junio de 2007 (…)(...)Esta incorporación fue inscrita en el Registro Mercantil – de lo que se deduce que no hubo ningún ánimo de ocultación - y sometida al control de los órganos municipales que mediante el correspondiente informe concluyeron la compatibilidad de ambos puestos. En ejercicio de su libertad individual y tras un año y cuatro meses, en noviembre del año 2008 finalizó su relación contractual. Como puede comprobarse todos estos hechos tuvieron lugar con carácter previo a la incorporación de Gonzalo Cuesta a la empresa”.

Porto y Arnaiz
No es la primera vez que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se ve inmerso en una polémica por temas urbanísticos. Su alcalde y miembro de la Ejecutiva Eegional del Partido Popular Jose Luis Fernández  Quejo  ya salió a la palestra en relación con el antiguo director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto dado que una de las empresas de su área de influencia realizó el planeamiento de la zona denominada Monesterio. Un año después, habiendo dimitido Porto de su cargo en la Comunidad, actuó como testigo a favor del alcalde y otros ediles populares de San Lorenzo acusados de haber recalificado una parcela protegida saltándose la normativa urbanística, y también de permitir una tala de árboles centenarios.

Los concejales del PSOE no olvidan tampoco que en San Lorenzo de El Escorial existen dos actuaciones en las que aparece el urbanista Leopoldo Arnaiz bien conocido por el caso de Boadilla del Monte en relación con la trama Gürtel.