Nuevo cisma en el Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado su malestar a la parte socialista del Ejecutivo tras el despliegue de una tanqueta de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) en las calles de Cádiz durante la séptima jornada de protestas de los trabajadores del metal.

La dirigente morada ha pedido explicaciones en el seno del Gobierno ateniéndose a los canales internos y se encuentra a la espera de recibir información sobre cómo se gesto y con qué criterios la decisión del Ministerio de Interior, comandado por Fernando Grande-Marlaska.

La petición llega después de que trascendiera una imagen de la tanqueta en redes sociales que fue duramente criticada por numerosos usuarios, que ironizaban con que emplearan métodos tan duros con movilizaciones sociales de izquierda. Los antidisturbios desplegaron el BMR adaptado y, según publican algunos medios, Unidas Podemos no estaba al tanto.

Las críticas de Iglesias

Díaz no ha sido la única morada que se ha pronunciado al respecto. El exvicepresidente segundo y exsecretario general de UP, Pablo Iglesias, ha hecho lo propio, aunque de manera mucho menos discreta. En una intervención en Hora 25 de la Cadena SER, ha denunciado que “en buena parte de las intervenciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) hay sesgo ideológico” proporcionado por “algunos altos mandos que son, muchos de ellos, miembros de JUSAPOL, el sindicato de ultraderecha mayoritario”. “Lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el Gobierno no lo podía decir, pero ahora sí que puedo”, ha justificado.

Iglesias ha insistido en que habitualmente las cargas policiales se ejecutan cuando “se manifiestan los trabajadores, los defensores de la Educación Pública, de la Sanidad…”, pero “cuando se moviliza la ultraderecha esto no ocurre”. El exvicepresidente segundo ha recordado que JUSAPOL se plantó ante el Congreso de los Diputados, saltándose “el cordón policial de sus compañeros, que no intervinieron”, permitiendo que “un grupo de policías, esperemos que sin armas, rodeara el Congreso. Y ahí no hay cargas, balas de goma, ni tanquetas. A los de Cádiz van con todo”.

A juicio del exlíder morado, además, “los trabajadores tienen toda la razón”, pues lo único que piden es que se respete el convenio firmado. “Las movilizaciones sociales son buenas y las de los trabajadores, con repertorios difíciles y duros, están en el avance de todos los derechos sociales: que exista derecho del Trabajo, jornada laboral de ocho horas, vacaciones… Tiene que haber huelgas”, ha sostenido.

Octava jornada de huelga

La huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz alcanza este martes 23 de noviembre su octava jornada consecutiva tras acabar sin acuerdo la tercera reunión convocada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y representantes sindicales.

El encuentro convocado en la tarde de este lunes en Sevilla ha vuelto a finalizar sin avances después de que los sindicatos hayan vuelto a rechazar la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% en 2021, 2022 y 2023 por considerarlas "insuficientes".

El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que en esta tercera reunión la patronal "no se ha movido en sus posiciones desde su última oferta" y la ha acusado de querer "desgastar" a los manifestantes y de "reírse de la Junta y de los trabajadores".

En declaraciones a Canal Sur Radio, Montoro ha reconocido su "frustración" por el resultado de esta tercera reunión a la que los sindicatos acudían "con la ilusión y las ganas de sacar adelante un acuerdo para esa gente que tanto está luchando por un conflicto que se ha convertido en internacional".

El representante sindical ha criticado con dureza la actuación policial y el despliegue de una tanqueta en la barriada de Río San Pedro. "Estamos siendo coaccionados por la Policía en los centros de trabajo, no dejando llegar a los piquetes", ha censurado Montoro, que se ha preguntado si "la patronal espera que haya una desgracia para buscar una solución".

El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año. Para la patronal, las subidas del 2, 2,5 y 3% que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían "la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa".