El exfiscal superior en la Comunidad de Madrid y actualmente fiscal de Sala en el Supremo, Manuel Moix, ha sido denunciado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental.

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Supremo, dado su condición de aforado, por José Luis Caro Vinagre, uno de los guardias civiles absueltos en el juicio del caso de los espías en la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta.

El caso de los espías investigó los seguimientos ordenados por cargos del PP madrileño a otros miembros del mismo partido.

El guardia acusa a dos comisarios de la Policía

El guardia civil José Luis Caro Vinagre ha denunciado, además de a Moix, al comisario de la Policía Nacional Jaime Barrado, y al exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, en estos dos casos ante los juzgados de Plaza de Castilla, según adelanta la SER y José Luis Olivera.

La acusación contra Moix y los comisarios refieren “múltiples irregularidades” durante la instrucción del proceso judicial, que habrían sido ordenadas, según la denuncia, por el fiscal Moix. El guardia civil absuelto denuncia que personas que nada tenían que ver con el caso del espionaje fueron acusados para salvar a altos cargos del PP que fueron los que lo ordenaron.

El escrito de acusación dice que Manuel Moix excedió los límites legales en la investigación para sostener su acusación, vulnerando el derecho a la intimidad de los acusados al obtener sus teléfonos de forma ilícita, además, añade que tomó declaraciones sin que mediara ningún abogado.

El guardia fue condenado por un chivatazo a Granados

El guardia pide que Moix y los dos comisarios a los que denuncia testifiquen y que el fiscal abone una fianza de 250.000 euros para "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados". El agente se encuentra actualmente de baja laboral.

El guardia civil José Luis Caro Vinagre fue absuelto del caso espías, sin embargo, fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a un año y seis meses de cárcel por advertir al exconsejero Francisco Granados de una investigación sobre su amigo y cabecilla de la Púnica, David Marjaliza.