"Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y los españoles". Esto es lo que decía en una entrevista en 2015 el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora, se le plantea justo este dilema a Sánchez con el caso de su ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, que fue condenado por no cumplir con sus obligaciones fiscales en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. El montante total de lo defraudado ascendería a 218.332 euros. La inspección de Hacienda concluyó en 2012 que en esos tres años fiscales habría facturado un total de 798.521 euros por medio de su sociedad unipersonal Almaximo Profesionales de la Imagen SL. Esta sociedad, de la que era el único accionista, fue liquidada en 2016. No hubo delito porque el fraude no superó los 120.000 euros que marca la ley.

El tuit de Sánchez

También en 2015, el actual presidente del Gobierno escribió un duro comentario en Twitter en el que pedía transparencia sobre los defraudadores como un requisito para la regeneración democrática.