La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió a investigar qué había ocurrido con el contrato adjudicatario a Kike Sarasola, su actual casero, que desapareció. Ayuso aseguró que el documento subido en la web de contratación no existía y despidió a un funcionario al que culpó de haberlo publicado por error. Uno de los implicados, la Coordinadora Tercer Sector, ha denunciado que la Administración regional aún no ha aceptado su personación para aclarar el asunto.

Tras trascender que Ayuso disfrutaba no de uno, sino de dos apartamentos del exclusivo BeMate Plaza de España a cargo de su bolsillo -presuntamente-; la polémica saltó por una adjudicación al propio Sarasola cuyo contrato fue modificado a la postre por el revuelo generado. El primer contrato era de 564.000 euros aproximadamente, que fue sustituido por otro con un valor de más de 240.00 euros a la Coordinadora Tercer Sector, que a través de un comunicado se desvinculó.

La coordinadora aseguró que “nosotros nos limitamos a desarrollar una función de prestación de servicios sociales y sanitarios” y “no nos han pagado”.

“Todo lo estamos adelantando nosotras. Además, de esto no vamos a percibir ni de lejos ninguna de las cantidades que se han reflejado en los contratos”, argumentaron, por lo que pidieron a Ayuso que asuma responsabilidades: “Constatamos un funcionamiento inadecuado del aparato administrativo de la Secretaría General Técnica de esa Consejería y pedimos que ese órgano asuma su responsabilidad por el daño a nuestro trabajo e imagen”.

La Coordinadora solicitó personarse en la investigación que anunció la presidenta regional, pero aún no ha recibido respuesta.

En un tuit publicado en su cuenta oficial, lamentan que “no se ha aceptado aún nuestra solicitud de personación para que se aclare el uso no adecuado de nuestros datos por parte de la Comunidad de Madrid”.

Ante esto, anuncian que, en caso de “no admitirla, nos obligará a tener que acudir a la jurisdicción ordinaria”. “Pedimos responsabilidad y transparencia al Gobierno”, sentencia.