El Consejo de Estado ha respaldado al Ministerio del Interior en su pulso a las asociaciones de guardias civiles que firmaron el acuerdo de equiparación salarial entre todos los Cuerpos de Seguridad del Estado, al afirmar que no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante".

El acuerdo fue firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy y puesto en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dijo en su momento que respetaría lo firmado. En febrero pasado, el Ministerio del Interior decidió restar a los guardias civiles un 1% de lo pactado (2,5 millones de euros) del reparto de la subida salarial. La medida disgustó a las asociaciones representativas, que exigieron el informe de la auditoría externa, incluida también en las negociaciones y anunciaron acciones legales. El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recurrió entonces al Consejo de Estado para que dictaminara sobre el “grado de vinculación jurídica” que tiene para el Ministerio el pacto sobre la equiparación.

Los guardias desconfían sobre la auditoría

En un comunicado, difundido este viernes, tras anunciarse las conclusiones del Consejo de Estado, adelantadas por El Independiente, las asociaciones de guardias(AUGC, UO, ASES-GC, AEGC y UniónGC) han exigido una nueva reunión urgente del Consejo de la Guardia Civil. El 27 de marzo, los representantes de estas organizaciones salieron de la reunión a la que asistía el director general de la Guardia Civil, Félix Azón. Posteriormente, presentaron finalmente una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Las asociaciones de guardias conjeturan que Interior podría estar ocultándoles el informe de la auditoría externa, Ernst & Young, porque las conclusiones serían que se necesaría más dinero para conseguir la equiparación real entre todos los Cuerpos de Seguridad del Estado.