La directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar sobre el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y demás altos cargos que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de septiembre.

En concreto, la encargada de custodiar estas declaraciones y vigilar las incompatibilidades de los altos cargos comparecerá ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

López ya compareció en el Congreso a finales de septiembre. En aquella ocasión lo hizo ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública que debía valorar su idoneidad antes de ser nombrada directora de la oficina. Esta funcionaria de carrera llevaba once años interrumpidos al frente de este órgano como subdirectora general, pero desde hace unas semanas lo hace con rango de directora tal y como marca la ley.

1.500 declaraciones

Este miércoles regresa a la Cámara Baja para dar detalles de las declaraciones patrimoniales publicadas el pasado 29 de septiembre, alrededor de 1.500 documentos correspondientes a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales tanto del actual Ejecutivo como del anterior.

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Los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy presentaron sus correspondientes declaraciones en 2014 pero desde entonces no se habían publicado porque el Ejecutivo 'popular' entendía que para ello era necesario un reglamento que desarrollase la Ley del Alto Cargo de 2015.

Aunque el Gobierno de Sánchez no consideraba imprescindible este reglamento para publicar las declaraciones de bienes, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 28 un real decreto para despejar las dudas y para que, de ahora en adelante, se haga pública esa documentación sin excepciones.

En concreto, el BOE publicó el pasado sábado las declaraciones de bienes patrimoniales de altos cargos del Estado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, que afectan a un total de 1.500 registros, correspondientes a 1.062 altos cargos de los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez.