El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de "vulneración del deber de abstención o inhibición" al privatizar la gestión del Registro Civil para adjudicársela a los registradores de la propiedad. El sindicato considera que Rajoy, registrador por oposición y hermano de registradores, debía haberse abstenido en la aprobación del Consejo de Ministros, al igual que Gallardón, suegro y cuñado de registradores.

Privatización urgente
El Consejo de Ministros aprobó la privatización del Registro Civil, lo que implicará que los ciudadanos tendremos que pagar por trámites hasta ahora gratuitos, dentro del Real decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Comisiones Obreras justifica la denuncia porque no consta "inhibición o abstención previa ni del Presidente del Gobierno, registrador y hermano de registradores, ni del ministro de Justicia, a su vez suegro y cuñado de registradores". El sindicato añade en un comunicado que la Ley aprobada durante el Gobierno Zapatero (Ley 5/2006) que regula los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, obliga en su artículo 7 a inhibirse o abstenerse a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y resto de altos cargos en la aprobación o votación de temas en los que puedan tener intereses por profesión propia o de familiares.
CCOO ha presentado también un escrito ante la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Ministerio de Hacienda para que se abra la correspondiente investigación, según informa Europa Press.

Convocatoria de movilizaciones
Comisiones ha anunciado la convocatoria de movilizaciones contra la privatización del Registro Civil así como contra la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el acto de apertura del año judicial. Además convocarán una jornada de huelga  en la administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre. El sindicato denuncia que las reformas del PP supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo con el cierre de los juzgados de paz y la privatización de servicios y gestiones.