Tras dos años de bloqueos y negativas del prior-administrador del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, hoy comienzan los trabajos preliminares para que se cumpla la sentencia judicial que ordena la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, cuyos restos están en el monumento franquista. 

Comprobación técnica

Los peritos que inician hoy los trabajos previos a la exhumación de los restos de cuatro personas en el Valle de los Caídos han llegado a las 9.30 horas en medio de una gran expectación y un dispositivo de seguridad estricto. Escoltados por patrullas de la Guardia Civil, los técnicos han entrado en una decena de coches, y a la entrada de las instalaciones del conjunto monumental -hoy cerrado al público- permanece una gran cantidad de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión.

Los peritos pertenecen al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja -adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- comienzan así el trabajo preliminar para la exhumación de los restos de cuatro personas, como lo han solicitado sus familias. Éste consistirá en comprobar el estado de los restos y si es técnicamente posible acceder a ellos sin dañar o alterar el monumento, como aseguraba el prior, que a la vez había negado reiteradamente el acceso a los técnicos para poder comprobarlo.  

Víctimas de ambos bandos

Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, sin permiso de sus familiares y sin posibilidad de recuperar los restos. Hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitió la petición de Purificación Lapeña para que su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueran exhumados y entregados a sus familias. La sentencia judicial permite la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña (Villarroya de la Sierra, Zaragoza), de Pedro Gil Calonge (Castrejón del Campo, Soria) y Juan González Moreno (Arriate, Málaga), siendo los dos últimos fallecidos del llamado "bando nacional". 

Dos años de opacidad, bloqueos y desobediencia

Si los trabajos no comenzaron antes, fue debido a que el prior-administrador de la abadía benedectina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se negó a cumplir las sentencias judiciales y las órdenes de Patrimonio Nacional, que es la entidad dueña del monumento. Cantera llegó a ser convocado por la comisión de justicia del Senado para dar explicaciones por su actitud, convocatoria que también decidió desobedecer. Hasta que Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, le desautorizó en un desayuno informativo. Hasta ese momento, Cantera había mantenido una actitud desafiante ante jueces, legisladores y Gobierno (llegó a acusar de prevaricar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría). 

La actitud de Cantera tiene precedentes en los 59 años de gestión benedectina del Valle de los Caídos, donde se les han cedido las instalaciones, reciben los beneficios de su hospedería y restaurante y, además, perciben 340.000€ anuales del Estado. 

Encuentro con las familias en el aire

La senadora del PP Esther Muñoz, que afirma querer mediar entre el prior Cantera y las familias, ha anunciado que éste podría mantener un encuento con los familiares de los Lapeña, de Gil y de González Moreno. Eduardo Ranz, abogado de la familia Lapeña, desconoce que exista tal voluntad del prior de verse con las familias. "Ese encuentro ni está ni se le espera, nadie nos ha invitado a tener ese encuentro", ha explicado a Europa Press.

Señala que desde que conocieron que Santiago Cantera retiraba el contencioso que impedía los trabajos de Patrimonio Nacional en Cuelgamuros nadie les ha invitado a entrevistarse con el prior. "No se ha aceptado rechazado nada, porque se ha notificado nada", reitera Ranz, quien echa en falta una propuesta oficial.

Sus clientes también forman parte de la asociación de víctimas, y, según el letrado, el colectivo tendrá que reflexionar sobre la propuesta de reunión con Cantera, si es que la recibe. "La idea es que sea una decisión única de todas las familias, pero todavía no hay criterio a favor o en contra porque la oferta no se ha traducido en nada concreto", resume el abogado de la familia Lapeña.