Se le complica el camino al PP en la Gürtel: un paso más para la recusación de otro juez afín
En los últimos meses, El Plural ha venido relatando los sospechosos cambios dados en los tribunales que han situado a Juan Pablo González, un juez afín al PP, en el juicio sobre la visita del Papa a Valencia, en el marco de la trama Gürtel. Según ha podido saber este diario, la magistrada Teresa Palacios ha admitido a trámite su recusación y abre diligencias para apartarle de este caso. Y es que, tras conocerse que él sería el encargado de redactar la sentencia de esta pieza separada de la Gürtel, la lluvia recusaciones no tardó en llegar. Presentaron petición de recusación por su “manifiesta amistad” con el Partido Popular el PSPV, ADADE o Izquierda Unida.
Puigdemont no convence ni a ERC ni a la CUP
Siguen los desencuentros dentro del mundo independentista. Por enésima vez, ERC rebaja las expectativas de Carles Puigdemont y sus seguidores de una rápida investidura. Además, ahora se añade la CUP. Aunque se daba por hecho que el plenario del 17 de enero sería la sesión de investidura, horas antes el presidente del Parlament, Roger Torrent, lo aplazó ante las dudas que le generaba el TC. No era el pimer roce entre las dos principales formaciones independentistas, pero sí la primera que se visualizaba. A partir de entonces, por más que desde Junts per Catalunya y el entorno a Puigdemont se asegura que el pacto entre fuerzas independentistas ya está hecho, horas después desde ERC se frena el ímpetu. Hoy se ha vivido otro episodio. El pasado domingo Puigdemont se reunió en Bruselas con representantes de segunda fila de Esquerra y lunes hizo viajar a su grupo parlamentario hasta la capital europea. El martes, los pasillos del Parlament fueron el plató de presuntas reuniones decisorias. Así, el miércoles por la mañana Elsa Artadi, persona de total confianza de Puigdemont, ha aprovechado una entrevista matinal en TV3 para asegurar que el pacto de investidura se firmaría jueves. ERC, en aquel momento, no sabía nada.
Imputados dos antidisturbios por las cargas policiales del 1-0
La causa judicial abierta tras las cargas policiales en el referéndum del 1-O ha dado este miércoles un paso destacable: el juez ha imputado a dos antidisturbios, los primeros, que participaron en las cargas en la escuela Mediterrànea de Barcelona acusados de un presunto delito de lesiones y otro contra la integridad moral. En este colegio electoral, tres mujeres denunciaron haber sido agredidas por agentes de los antidisturbios. Ahora, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, ha decidido la imputación de estos dos agentes y exige una serie de documentación a la Policía Nacional. En concreto, el juez ha pedido que se le facilite una copia de todas las comunicaciones entre el centro de mando que gestionaba el operativo en ese 1-O y los mandos de los antidisturbios. Por ello, el hombre elegido por Interior para coordinar a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos, el coronel Diego Pérez de los Cobos, tendrá que acudir al juzgado a declarar, eso sí, en calidad de testigo.
El Ministerio de Educación usa su cuenta oficial de Twitter para cargar contra Podemos
Duras críticas en la red social Twitter al Ministerio de Educación después de que haya publicado un mensaje contra Unidos Podemos y recogiendo un vídeo de su titular, Iñigo Méndez de Vigo en el Congreso. El tuit recoge un mensaje partidista sin paliativos, señalando que “Unidos Podemos llevaba en su programa electoral el MIR educativo”, una propuesta que ha llevado ahora el Gobierno al Congreso. “Aunque ahora lo critican, iba en el punto 145”, afirma el departamento Méndez de Vigo.
El engaño de Feijoo sobre la huelga de justicia en Galicia
Más de 2700 trabajadores de justicia en Galicia están convocados desde hoy a la primera huelga indefinida del sector en la comunidad. Tras tres meses de negociaciones y tres paros celebrados durante diciembre y enero, secundados según las organizaciones sindicales en más de un 80% y desde la administración en un 45%, el enfrentamiento se agrava, hasta el punto de poder paralizar los juzgados gallegos, a pesar de estar convocados unos servicios mínimos de un 40%. Para que siete sindicatos: UGT, CCOO, CIG, USO, CUT, STAJ y CSIF, se pongan de acuerdo para convocar un paro indefinido, tiene que estar pasando algo muy grave. La lucha contra la marginalidad y la discriminación que sufren los funcionarios de justicia en Galicia ha provocado que todas las organizaciones sindicales hayan emprendido el mismo camino, en un ejercicio de responsabilidad con los empleados públicos a los que representan.
