Que la Diputación de Toledo se ha convertido en una vasta agencia de colocación mayoritariamente para los vecinos de los pueblos gobernados por el PP, eso, a estas alturas, es un secreto a voces denunciado en repetidas ocasiones por el Grupo Socialista, que llama al presidente del organismo provincial, el pluriempleado Arturo García-Tizón, “El Baltar de La Mancha”, que no conforme con favorecer a los empadronados en las localidades bajo administración conservadora, según el PSOE, se niega también a readmitir a una veintena de trabajadores despedidos de forma ilegal, a pesar de existir sentencia firme que le obliga a la recolocación inmediata de éstos, suponemos, empleados no militantes del PP. Situación insostenible que ha llevado a los socialistas a presentar una queja ante la Unión Europea.

PRIMER CASO: Beneficios partidistas
Así las cosas, el secretario del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, acompañado por el presidente del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Muñoz, han presentado ante las oficinas de la Unión Europea en Madrid sendos escritos denunciando  supuestas anomalías en la ejecución del programa de formación y empleo desarrollado por el organismo que preside el también diputado nacional, Arturo García-Tizón. “El Partido Socialista ha constatado que ni el lugar de ejecución, ni los alumnos inscritos en el curso, ni los trabajos realizados han beneficiado a las localidades afectadas, salvo Mocejón, mientras que sí se han visto favorecidos los municipios de Mora y de Gálvez, de donde son alcaldes el vicepresidente de la Diputación de Toledo y el diputado provincial de Personal de quien dependen los talleres de empleo”, recogen en su queja (ver memoria del taller).

SEGUNDO CASO: Los carruajes de Tizón
Talleres de empleo salpicados de polémica no solo por la selección del alumnado, también de determinados coordinadores y formadores, como es el caso del taller de restauración de carruajes de época, que tras la adquisición de siete de estas galesas por valor superior a los 42.000 euros, la Diputación contrató como monitor al vendedor de las mismas con una retribución aproximada de 2.200 euros al mes. Un negocio redondo que provocó la indignación entre los familiares del centro de Alzheimer que García-Tizón ha intentado cerrar en aras de un falso ahorro y que la Justicia se lo ha impedido (ver contrato de compra).

TERCER CASO: El mapa del enchufismo
Pero aquí no queda la política de empleo llevada a cabo por “El Baltar de La Mancha”. El PSOE también denunció en su momento el “descarado y masivo enchufismo” de personas cercanas o afines al PP. Y es que la mayoría de las contrataciones que realizó en su momento el Gobierno del PP en la Diputación de Toledo correspondían a pueblos gobernados por los diputados “populares”. En este sentido, el Grupo Socialista cifró en 450 personas las contratadas por estos representantes, llegando a elaborar lo que llamaron el  “mapa del enchufismo y la desvergüenza” (ver mapa).

CUARTO CASO: Aprobados con antelación
El PSOE no se conformó con elaborar el mapa del enchufismo, también se fue al notario cuando la Diputación convocó oposiciones internas para cabos de bomberos de sus parques comarcales, e hizo levantar un acta que más o menos venía a decir lo siguiente: de la treintena de opositores que se presentan, estos siete son los que aprobarán. El tiempo les dio la razón porque acertaron de lleno, como si tuvieran una bola de cristal desde donde divisar los acontecimientos futuros. Pero no, no consistía en eso. Los socialistas “olían cierto tufillo”, sospechaban de “cierto amaño”, creían que se podrían dar “ciertas supuestas irregularidades”, y por eso decidieron pedir el amparo notarial (ver acta notarial).

La Diputación niega la mayor
Por su parte, el PP de la Diputación toledana niega siempre la mayor, pero nunca aporta pruebas que desmientan las denuncias de los socialistas, a los que animaron a quejarse ante la UE, y es lo que han hecho. Eso sí, los responsables de los talleres de empleo, cuyos pueblos de donde son alcaldes siempre salen beneficiados, amenazan a sus compañeros socialistas de corporación con los tribunales si continúan denunciado estas supuestas irregularidades, que sitúan ya a la Diputación de Toledo entre los organismos españoles más cuestionados por sus nada claros métodos de contratación.