Se espera que Urdangarin y su exsocio Diego Torres cierren un pacto de conformidad, habitual en cualquier proceso, para suavizar el dictamen provisional de la Fiscalía antes del juicio. El acuerdo pasaría por una confesión de culpabilidad y por la devolución del dinero presuntamente defraudado. El artículo 21,4 del Código Penal contempla la atenuante de confesar la infracción siempre que ésta se produzca “antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él”, asegura La Razón, que cita fuentes de la investigación.

Delitos castigados con la cárcel
Tres de los cuatro delitos que, hasta el momento, Anticorrupción achaca a Urdangarin, a la espera de que Hacienda confirme si ha cometido delito fiscal, son castigadas con penas de cárcel. El Código Penal prevé entre tres y seis años de prisión por malversación de caudales públicos; hasta dos años por falsedad documental, y de uno a tres años por fraude a la Administración.

Sólo el tribunal que lo juzgue podrá considerarlo como atenuante
Según las mismas fuentes, si Urdangarin y Torres se muestran dispuestos a pagar los tres millones de euros supuestamente defraudados, o la cantidad que finalmente se estime, el tribunal que les juzgue “podría considerarlo incluso una atenuante cualificada que rebajaría la pena solicitada hasta en dos grados”.

Las cifras de este caso
En esta pieza separada del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Intituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma, hay 22 imputados, entre ellos Urdangarin y su exsocio; y alrededor de 200 testigos, de los que han declarado 157. La investigación estima que Nóos ingresó 5,8 millones de euros entre 2004 y 2006 gracias a adjudicaciones de la Generalitat valenciana de Francisco Camps y el Govern balear de Jaume Matas.