La Fiscalía Anticorrupción acusa a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez de haber incurrido en un presunto delito de asociación ilícita según su escrito de conclusiones definitivas y solicita un incremento de penas de tres años más para los dos primeros y otros dieciocho meses para el tercero así como para otros trabajadores de las sociedades relacionadas. Es la pieza de trama 'Gürtel' referida a los contratos de la Generalitat valenciana con las empresas de Correa para FITUR que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un escrito con el que muestra su disgusto el defensor de Mónica Magariños, una de las acusadas: “De ser ciertas las afirmaciones de la Fiscalía faltan en el banquillo cargos públicos y gerentes de las empresas frente a una simple administrativa”.

Al rosario de acusaciones presentadas por la Fiscalía: tráfico de influencias; prevaricación administrativa; falsedad documental; malversación de caudales públicos; cohecho activo y pasivo, se une por tanto, esta nueva calificación de delito de asociación ilícita. Las penas que ahora se solicitan son 13 años de prisión para Correa, para Crespo 14 años, mientras que para Álvaro Pérez serían 11.

El desacuerdo de la defensa

El letrado de Monica Magariños, ha declarado a ELPLURAL.COM su desacuerdo con este escrito de conclusiones. Javier Vasallo Rapela que se define como estrictamente garantista y defensor del procedimiento, resalta el hecho de “haber podido detectar y comprobar tanto al inicio de la instrucción, durante la instrucción, en el inicio del plenario y durante el plenario un conjunto de irregularidades en cuanto a forma y fondo dicho todo ello en términos legales”.

“De ser ciertos los hechos y por tanto los presuntos delitos que se le imputan a mi defendida (asociación ilícita, malversación y delito continuado de tráfico influencias), no son todos los que están ni están todos los que son. Esto contrasta con el hecho de que hayan acusado a una simple administrativa cuando otras personas que ejercían con la verdadera responsabilidad gerencial tanto en la Administración, como en las sociedades, no han sido acusadas”.

El letrado considera que “la acusación, dicho en términos de defensa, ha actuado con falta de rigor propiciando una caza de brujas quizás con ánimo de ir preparando lo que podrían ser las siguientes piezas de 'Gürtel. Existen irregularidades de forma y fondo en la actuación de la acusación y así en trámite de juicio se modificaron las calificaciones introduciendo incluso una nueva figura la asociación ilícita, extremo éste que no se vio en la instrucción ni fue objeto de auto, ni se calificó tampoco inicialmente en el escrito de acusación. Por todo ello las defensas, incluida esta, no pudieron prepararse en ese sentido”.

“Caza de brujas”

 “Y lo llamo caza de brujas pues lo que se plantea es achacar todos los delitos posibles y cuantos más mejor. Se han ampliado las penas y fragmentado los procedimientos... Si es cierto lo que dice el fiscal los acusados tienen que ser otros que no se han sentado en el banquillo ni sufrido de momento la dura pena de aguantar durante todos estos años estoicamente la condena incluso mediática y social por cómo se han descrito todos estos procedimientos al margen de la realidad . A una fiscalía anticorrupción y conforme el principio de legalidad no se le puede pasar por alto todo esto. Deben ser ecuánimes y coherentes en la acusación. Faltan políticos, funcionarios e incluso personal cualificado de las mercantiles”.

“Para enriquecerse ilícitamente”

El escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM parte de que “Francisco Correa Sánchez lideró un entramado societario y personal dedicado principalmente a publicidad y organización de eventos llamado grupo PC o Correa cuya finalidad fue la enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos siendo auxiliado en la ideación y fijación de sus actividades por Pablo Crespo Sabaris quien ejerció la gestión diaria de esas actividades con efectivo y verdadero poder de decisión”.

Añade: “también intervinieron en la gestión de dichas sociedades Alvaro Pérez Alonso y Felisa Isabel Jordán”. Se enumeran las sociedades y la Fiscalía expone que, con el fin “de ocultar su titularidad en estas empresas, Francisco Correa utilizó complejas estructuras societarias que desde el año 2003 hasta el segundo semestre de 2005, le fueron proporcionadas por Luis de Miguel –despacho Luis de Miguel y Abogados asociados- y con posterioridad a esa fecha por Ramón Blanco Balín”. Estas personas así como otros empleados que también se citan, figuraron, dice el escrito, como administradores de muchas de estas sociedades “para impedir que se descubriera el verdadero propietario”.

Tras este inicio la Fiscalía desarrolla la evolución de estas empresas, la creación de Orange Market SL en Valencia para extender las actividades a esta comunidad y las diferentes acciones a través de sociedades de una empresa británica. Esta pieza, FITUR, a la que se refiere el escrito de conclusiones se circunscribe exclusivamente a la actuación en la Comunidad Valenciana. Es la número 3 del caso 'Gürtel' en Valencia.

Importantes cargos públicos

Correa, se distingue como cerebro en la sombra y Crespo como líder bajo su dirección. Y también Álvaro Pérez “el bigotes” quien mantenía “las estrechas y fluidas relaciones con importantes cargos públicos y políticos entre los que se encontraban siempre según la Fiscalía, el secretario general del Partido Popular valenciano Ricardo Costa Climent; al entonces vicepresidente de la Generalitat de Valencia Victor Campos Guinot y al que era presidente, Francisco Camps Ortiz.

Los altos cargos a los que se dirigía “el bigotes”, tenían “poder decisorio o papel relevante en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de FITUR licitado por la AVT entre los años 2004 a 2009.

Miembros activos

Para Anticorrupción fue esencial la participación de Isabel Jordán (2003 a 2007); Mónica Magariños (2003 a 2006) y Cándido Herrero Martínez (2006 a 2009) “miembros activos de la organización”. En esta pieza concreta de la trama valenciana no se sigue actuación contra Luis de Miguel Pérez ni contra José Ramón Blanco Balín, imputados junto a Correa y Crespo por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El escrito explica que los acusados se fueron haciendo con diferentes concursos como las Ferias FITUR del 2005 al 2007 así como otros certámenes y eventos mediante la relación con la consejera de Turismo Milagrosa Martínez y su jefe de Gabinete Rafael Betoret y otras personas relacionadas con la Consejería.

A lo largo de 94 folios se desgrana una larga serie de irregularidades. “La discrecionalidad y arbitrariedad que estos criterios de adjudicación otorgaron a los técnicos a la hora de emitir su informe técnico proponiendo la empresa adjudicataria, fue fruto de la actividad que desplegaron de forma concertada lo acusados para conseguir sus espurios intereses”. En resumen los acusados “percibieron de la Generalitat valenciana la suma de 5.703.012, 34 euros”. Se refiere el delito concreto de que se acusa a cada uno de los implicados y la pena que se solicita. Para la consejera María Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Betoret, la petición es de once años de cárcel. Otra antigua consellera, Angélica Such se enfrente a nueve años de inhabilitación.