"Percibir sobresueldos cuando se obtienen remuneraciones democráticas por el mismo concepto debe prohibirse por ley, aunque se declare a Hacienda", afirmaba Griñán hace 48 horas en el Comité Director del PSOE andaluz. Pues dicho y hecho. No solo se quedará en retórica sino que se va a legislar para que en Andalucía no puedan percibirse esos emolumentos inmorales incorporándolo a la próxima Ley de Transparencia que prepara el Gobierno andaluz.

Seguir marcando la diferencia
A pesar de los ataques de la derechona y de las portadas calumniosas y difamadoras del "ABC" y por más que le pese a la caverna, el Gobierno andaluz y su presidente Griñán, no solo marcan la diferencia en materia de defensa del Estado del Bienestar Social y en la aplicación de políticas sociales, sino en el ímpetu legislador hacia las políticas de transparencia, de participación ciudadana y de intentos para evitar la progresiva desafección a la política.

Auditorías "tomadura de pelo"
El Partido Popular aquí y en el resto de España debería de aprender el modelo que impregna a la futura Ley de Transparencia. Más que hacer auditorías sobre su partido que serán auténticas tomaduras de pelo pues mirarán y repasarán contabilidades y facturas "en blanco" para llegar a la conclusión de que no hay nada "en negro", deberían con la mayoría absoluta de la que cuentan, imitar a Andalucía y a su futura y próxima Ley de Transparencia.

Extensión de la Ley al resto de España
Esta ley va a incorporar mecanismos para que todos los cargos públicos, ejecutivos y parlamentarios detallen sus ingresos y patrimonio. El deseo del Gobierno andaluz no es solo desarrollarla en su territorio sino que pretende que se extienda por todo el Estado español.

"Sobrecogimiento popular"
A nadie se le escapa de que además de ser una ley modélica y pionera posee en estos momentos de "sobrecogimiento popular" el don de la oportunidad. Como afirmaba el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez,  "los ciudadanos tienen derecho a saber  lo que tienen los cargos públicos. Lo que perciben tiene que ser público y transparente para que no haya ni trampa ni cartón. Es necesario que "se sepa lo que tenía un cargo público cuando llegó y cuando salió". Regular mediante la Ley de Transparencia estos aspectos supondrá un "aval" para el buen funcionamiento del sistema democrático y un "revulsivo y reclamo" para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política.