El pasado jueves 5 de abril, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza de 70.000 euros mientras estudia la entrega. La decisión ha tensado las relaciones diplomáticas entre España y Alemania ya que al Ejecutivo de Mariano Rajoy no le ha satisfecho el fallo. De hecho, hasta la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para mandar un recadito a Alemania.
En un comunicado, la Fiscalía de la AN ha anunciado que “ha informado favorablemente ante el Juzgado Central de Instrucción nº2 una orden europea de detención cursada por las autoridades alemanas por unos presuntos delitos de contrabando y elusión fiscal contra un ciudadano con pasaporte británico”. Pero la puya iba a llegar en el siguiente párrafo de la nota informativa, que reza así:
“La Fiscalía de la Audiencia Nacional, respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual”.
