La defensa  y promoción de la dignidad de las personas y la igualdad de trato no pueden quedarse exclusivamente en un discurso ampliamente compartido pero meramente ornamental. La falta de concreción normativa  y de garantías para su salvaguarda es un grave error. Resulta imprescindible que la igualdad de trato tome forma de garantías efectivas, que se incorpore en los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos, que disponga de un marco claro legislativo para la víctima, y que los poderes públicos tengan herramientas para hacerlos efectivos. A esta motivación responde el compromiso del PSOE con la presentación de esta Proposición de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que iniciará su trámite de debate en el Congreso de los Diputados, y ha sido incluida por la actual ejecutiva federal socialista liderada por Pedro Sanchez, dentro de sus “10 Acuerdo de País”. 

La España actual es cada vez más diversa, si nos pusiéramos a sumar en cifras las personas que pertenecen a una minoría étnica (por ejemplo los gitanos/as que son españoles), los nacidos en otro país y con una cultura diferente, las personas con una orientación de sexual o una cuestión de genero distinta, los que conviven con una discapacidad, los que profesan una religión distinta a la mayoritaria, quienes sufren una enfermedad crónica, o simplemente tienen una edad avanzada por la que se les excluye frente a otros sujetos más jóvenes, veríamos que son millones de personas, y con total seguridad muchos de ellos han sufrido en algún momento discriminación real, asociada, por error o múltiple.

Pondré un ejemplo concreto. Cada día convivimos con muchas situaciones de discriminación y desigualdad de trato hacia las personas con el VIH en el acceso a bienes y servicios y en el impedimento de acceder a determinadas profesiones tales como los cuerpos y fuerzas de seguridad o el taxi en la ciudad de Madrid. Estas situaciones, mantienen y promueven el estigma y la discriminación hacia esas personas.

Consideramos los socialistas, como autores de la iniciativa desde hace más de 11 años, que los distintos tipos de discriminación por motivo de género, orientación sexual, origen, racial, étnico, confesión religiosa, discapacidad, enfermedad, edad  o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, deben ser motivo de gran preocupación e interés para los poderes públicos. Un interés y preocupación que existe en las instituciones europeas que  han marcado el camino mediante sus directivas y que no son más que la consecución de los valores y principios sobre los que se construye el proceso de integración europea. Es más, en los últimos años existe una creciente preocupación y alarman en el conjunto de la UE por las acciones de discriminación, racismo o xenofobia, lo que ha provocado numerosas actuaciones por parte de los  Estados miembros y las propias instituciones en Bruselas, que en alguna ocasión ha llamado la atención a España por no tener adaptado su sistema normativo.

Esta ley tiene también como objetivo hacer que España deje de ser una excepción en la incorporación a su marco jurídico de las directrices que la  propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de los  artículos 1, 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que  garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Tal vez el ejemplo  que mejor ilustra el desfase  y el desinterés del Gobierno con el desarrollo de medidas en el seno de los miembros del UE es que España es casi el único miembro del Consejo de Europa que carece de un organismo independiente para combatir el racismo.

Los socialistas creemos que, solo desde una labor de prevención y un marco de garantías,  es posible construir un espacio de respeto a todas las personas que permita la convivencia.  Y por eso apostamos por el pleno desarrollo de un modelo democrático de convivencia, de tal manera que haya derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. La peculiaridad, la identidad individual o colectiva, no pueden ser objeto de discriminación. Frente a lo que se pueda pensar, esta no es una cuestión de minorías y expresiones sino más bien un asunto que abarca al conjunto de la sociedad porque todos y todas, en algún momento de nuestras vidas, estamos expuestos a padecer algún tipo de discriminación.

Nuestra Proposición de Ley  de Igualdad de Trato y No Discriminación no crea ningún derecho nuevo, sino que aporta un marco para garantizar los que como personas tenemos, pero que en ocasiones no se cumplen ni respetan. Y somos conscientes de que la actual dificultad de la lucha contra la discriminación, no está tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas y en la necesidad de tener herramientas con las que hacerle frente. Con razón se afirmará que no todo es la ley y que también debemos contribuir a la lucha contra la discriminación desde la prevención, la educación en la convivencia, la mediación social y la resolución pacífica de los conflictos, pero ante todo debemos ser una sociedad fuerte en el sentido de transmitir que quien sufra una discriminación gozará del apoyo de nuestro marco normativo para hacer efectivos sus derechos.

Así pues, la futura Ley, con el recuerdo de Pedro Zerolo presente en nuestro actuar, no será una iniciativa para unos pocos sino para la gran mayoría de la ciudadanía. Una legislación que, además de mejorar la convivencia y la integración, estoy segura que será capaz de reforzar la cohesión social, convirtiéndose así en un poderoso instrumento de gestión de la diversidad y, por ende, de justicia social. Una futura ley que, tras un largo proceso participativo con entidades y organizaciones, saldrá adelante con la disposición que tenemos todos los socialistas de llegar a acuerdos y aceptar las enmiendas que mejoren su redacción.

 

Mónica Silvana González es secretaria de Área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE