La Comunitat Valenciana tiene cientos de lugares maravillosos que visitar, actos de sus gentes que recordar como valientes, incluso alguno heroico, pero la triste realidad es que, de fronteras para fuera, el resto de España conoce esta comunidad por sus casos de corrupción. El Plural quiere hacer un recorrido por ellos, quiere explicar como unos gobernantes que debían de velar por sus ciudadanos decidieron hacer caja y explotar un territorio para continuar con una hegemonía que les permitía hacer de la Comunitat su cortijo particular. Una máxima del periodismo dice que los periodistas están para escribir aquello que los poderosos no quieren que se cuente. Pues la corrupción en Valencia es un claro ejemplo de esa máxima.

En el repaso que este periódico quiere hacer sobre las corruptelas valencianas no cabe la menor duda que hay que empezar por el mayor de caso de todos: Taula. El 26 de enero de 2016 el magistrado del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, daba el pistoletazo de salida a la que hasta ahora se ha perfilado como la mayor trama de ‘saqueo’ del erario valenciano. Junto al juez, un fiscal que lo está dando todo por sacar adelante el caso, Pablo Ponce.

Aquel 26 de enero las detenciones comenzaron a las 9 de la mañana cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entraba por la puerta del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y lo detenía, al mismo tiempo que se realizaban más de 15 registros simultáneos en diversas localidades de la provincia de Valencia. Todo partía de una denuncia presentada por la dirigente de Izquierda Unida, Rosa Pérez, y de las grabaciones realizadas por el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

Además de Rus, durante aquella maratoniana jornada cayeron otros dirigentes populares como el exgerente de la empresa pública encargada de la construcción de colegios Ciegsa y ex vicepresidente de la Diputación, Máximo Caturla; el exsecretario de organización del PPCV, David Serra; el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, El ex vicepresidente de la Diputación, Juan José Medina; la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el exgerente de la fundación Jaume II y exmarido de Alcón, Vicente Burgos; le exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, y su asesor Pedro Aracil así como varios empresarios y funcionarios de la Diputación de Valencia.

El 26 de enero de 2015 empezó con detenciones y supuso la caída de toda una era de políticos del PPCV. La causa era tan ingobernable que obligó al magistrado a solicitar un refuerzo. No podía con ella y con el juzgado. Durante estos dos años, Víctor Gómez ha ido troceando la causa en piezas para facilitar la instrucción del caso Taula.

Blanqueo

Entre las piezas del pastel, la que más repercusión mediática ha generado sin lugar a dudas es la que afecta al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Empezó como un presunto blanqueo de capitales cometido por 50 personas, entre ellas la que fuera exalcaldesa de la ciudad y senadora del PP, Rita Barberá, pero la bola de nieve ha ido creciendo hasta convertirse en un verdadero alud. Un alud que ha terminado por arrastrar hasta a la tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, y que a día de hoy no solo investiga el blanqueo, a 1.000 euros por barba, sino que se ha terminado por convertirse en un escándalo de financiación irregular en toda regla. Esta pieza procesará a los investigados durante el verano, ya que la prórroga para la instrucción termina a mediados de julio.

Dentro de la misma destacan, y mucho, las grabaciones que la UCO aportó del teléfono de Alcón. En ellas se puede escuchar de forma clara y meridiana como la exconcejal le explica a su hijo la mecánica del blanqueo. Unas grabaciones que las defensas han tratado de tumbar desde el minuto cero. Su último recurso fue el de intentar conseguir que se diera por loca a Alcón, pero dos informes forenses ha dejado, como dice el dicho castizo: “su gozo en un pozo”, pues los peritos afirman que si bien Alcón padecía una depresión, sabía perfectamente lo que hacía y decía.

A esas grabaciones habría que sumar un anónimo que llegó al juzgado cuando la causa aun estaba secreta que explicaba lo mismo que decía Alcón a su hijo, las declaraciones de cuatro testigos que se negaron a blanquear dinero, los papeles que demuestran el uso de una empresa pantalla para financiarse, así como la declaración de una asesora que sí que cometió el delito pero luego se arrepintió de haberlo hecho. Y a todo ello hay que agregar, como no, las investigaciones policiales.

Zombies

La siguiente pieza que está al borde de juicio es la que se conoce como la de los zombies. En realidad son dos piezas, pues el magistrado los dividió entre los de Ciegsa y los que se encontraron en otra empresa pública, la que dirigía el garganta profunda de todo este tema, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. En ella se investiga a trabajadores que cobraban de ambas empresas sin ir a trabajar. Si uno lee los informes que la UCO ha ido remitiendo a lo largo de los meses, es de fácil comprobación que la mayoría de ellos eran excargos populares que trabajaron en estas empresas mientras se les encontraba algo mejor. Es decir, que utilizaron ambas empresas como agencia de trabajo temporal.

Dentro de la macrocausa también hay piezas pequeñas como la que afecta al exsuegro de Benavent y que versa sobre un contrato que supuestamente se le dio a dedo, el blanqueo que habría llevado a cabo Rus o el dinero que se destinó al club de Fútbol del que éste era presidente, el Olimpic de Xàtiva.

Imelsa y Ciegsa

Pero las dos mega piezas son las que afectan a las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. De la última se investigan las mordidas del 3 por ciento que supuestamente se desviaban en cada contrato que se hacía para construir un colegio y que se sacaba de los modificados de obras. De IMelsa también se investigan las presuntas mordidas.

Por el momento, la que se está instruyendo con mayor fluidez es la de Ciegsa en la que se están tomando declaraciones. De entre los testigos que han pasado por sede judicial, uno de los más interesantes fue el de un exarquitecto que aseguró que allí “se hacía lo que Caturla mandaba”, de hecho llegó a afirmar que Máximo Caturla dijo en una reunión que las cosas se hacían “por sus huevos”.

Los investigadores no descartan que de las piezas de Ciegsa e Imelsa salga, una vez más, otra línea de financiación irregular del partido, lo que supondría el tercer juicio por este motivo tras el de Gürtel que se está celebrando ahora mismo en la Audiencia Nacional y el que afecta al PP de Barberá que, probablemente, siente en el banquillo de los acusados a todo el grupo municipal excepto a los cuatro valientes que se negaron a delinquir el próximo año.

Taula ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valencia, pero no es el único caso. El Plural seguirá analizando las mayores causas de corrupción que afectan a los valencianos con casos como Valmor, la visita del Papa, el caso Cooperación o el caso Palau entre otros.