Los caminos del señor son inescrutables, pero los de la corrupción en la Comunidad de Madrid son fácilmente rastreables. Sobre todo, los de la trama Púnica que ha acabado entrando de lleno en la polémica del supuesto máster falso de Cristina Cifuentes, porque el catedrático que ordenó cambiar las notas de la presidenta de la Comunidad de Madrid recolocó en su departamento al exalcalde de Móstoles un año después de que dejase la Asamblea de Madrid por ser imputado en dicho caso de corrupción.

Pablo Chico de la Cámara, que salió en rueda de prensa a decir que el máster de Cifuentes era legal, aunque aseguró no recordarla y haberla tratado como una alumna más, rescató a Daniel Ortiz para su departamento de Derecho Público I y Ciencia Política en septiembre de 2017, después de que dejase su escaño en la Asamblea de Madrid por su imputación en Púnica.

Ortiz había sido profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos entre 2006 y 2010 pero su contrato no fue renovado por los recortes de presupuesto. Sin embargo, en 2017 volvió a encontrar acomodo junto al catedrático, informa eldiario.es.

La relación entre ambos no es casual, puesto que dicho catedrático estuvo en nómina del Ayuntamiento de Móstoles cuando Ortiz era concejal de Hacienda y Recursos Humanos, portavoz del Gobierno y segundo teniente de alcalde, entre 2003 y 2007. Chico de la Cámara presidió el Tribunal Económico Administrativo de Móstoles desde julio de 2005 hasta el año 2012, cuando renunció por no poder compatibilizarlo con su trabajo académico y fecha que coincide con el máster de Cifuentes.

Ortiz ha defendido hace poco su tesis doctoral sobre Derecho Financiero Local y el encargado de dirigirla, como no podía ser de otro modo, ha sido el catedrático Pablo Chico de la Cámara. El exalcalde de Móstoles aparece como profesor de siete carreras en la Universidad Rey Juan Carlos I.

Ortiz fue investigado por un contrato de 75 millones de euros a la empresa Cofely, en el centro de las sospechas sobre Púnica, a cambio de una mordida cuando era alcalde. Su dimisión fue la tercera en las filas de la Asamblea de Madrid desde la llegada de Cifuentes. Su empleo en la Universidad Rey Juan Carlos I es como profesor asociado, algo que se otorga a los “especialistas de reconocida competencia” fuera de la Universidad.