El PSOE en la Asamblea de Madrid ha anunciado que quiere que sea la propia Comisión de Investigación sobre la corrupción la que reclame a la justicia madrileña explicaciones por la entrega de la documentación del Canal de Isabel II que reclamó este órgano hace meses, denunciando la “incongruencia” de la decisión judicial conocida el pasado enero y que retiraba, según el Gobierno de Cifuentes, el permiso para entregar estos documentos que en un primer momento se dio.

En rueda de prensa, su portavoz Ángel Gabilondo ha explicado que se plantean “dudas” sobre “si es el juez instructor quien debe determinar si se da o no la documentación que pide el Legislativo al Ejecutivo”, por lo que se va a plantear en la Mesa de la Comisión cómo elevar al Consejo General del Poder Judicial la solicitud de que el Legislativo, “como poder autónomo, haga saber que no recibir documentos dificulta nuestra labor” de control del Ejecutivo.

Tanto PSOE como Podemos ya presentaron, representados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ante el juez que instruye la investigación por el caso Lezo, un recurso ante la decisión del juez Manuel García Castellón, después de que afirmarse que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.

"Es evidente que su utilización para zanjar un conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid excede de la competencia del Juzgado y atenta contra la división de poderes", dice el escrito presentado por los socialistas.

Contra la división de poderes

Desde el Grupo parlamentario del PSOE defienden una vez más que lo que se solicitan no son documentos incluidos en un sumario sino papeles “de carácter administrativo”, concretamente las actas de los consejos de Administración del Canal de Isabel II. Gabilondo ha señalado su preocupación por “la autonomía del poder legislativo, de esta Cámara, que representa a los ciudadanos, y su capacidad para tener acceso a documentos que necesitamos para nuestra labor, que nos corresponde obligatoriamente, de control”.

En el escrito de recurso, se recuerda que una providencia del juez Andreu, dictada en agosto de 2017, no impedía la entrega de la documentación requerida porque esos documentos solicitados “no están incluidos en el sumario, y su entrega se rige por disposiciones administrativas, sin que el juez de instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.

Pero a petición del Gobierno regional, hubo posteriormente un auto sobre el mismo asunto, conocido en enero y firmado por otro juez, en este caso Manuel García Castellón, que instruye la causa Lezo. Este auto indica que “no ha lugar la entrega de la documentación requerida”. En su recurso, los socialistas entienden que “no procede un nuevo auto resolviendo sobre lo mismo”.