Un 28 de febrero, de hace cinco años, varias organizaciones presentaban ante la Audiencia Nacional (AN) una querella criminal contra distintos responsables del PP y un buen número de empresarios de la construcción por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados Papeles de Bárcenas, publicados en la prensa justo un mes antes.
La decisión en 2013 de la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción de llevar a los tribunales esta supuesta trama corrupta y su inmediata admisión a trámite, evitó que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, parando así “el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias”, reconocen en un comunicado las acusaciones populares personadas en el caso que se sigue en la AN.
Pagos ilícitos y licitación de obra pública
Para los querellantes, los supuestos pagos ilícitos al PP que aparecen en los conocidos como Papeles de Bárcenas se tradujeron en licitaciones de obra pública, “que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda”.
En este sentido, Ecologistas en Acción, junto al resto de las acusaciones populares ponen de ejemplo las autopistas radiales de peaje, “quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos”, al mismo tiempo que recuerdan que “todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras”.
Protección de los presuntos delincuentes
Durante los cinco años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes aseguran en el comunicado haber tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos “que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles”, recordando, además, las “amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron”.
Y por si fuera poco, la Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron las anotaciones de Bárcenas, “sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados”, concretan.
“Sospechosos” cambios en la UDEF…
Para la Asociación Libre de Abogados, IU y Ecologistas en Acción, no deja de ser “sospechoso” los cambios en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde ha habido hasta tres relevos del inspector jefe en estos 5 años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; “o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular”, comentan en su comunicado.
...Y el carpetazo de Ruz
La acusación popular tampoco está satisfecha con la forma en que el extitular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cerró la investigación. De esta forma, recuerdan que en las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país (Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr…) junto con altos responsables del PP.
Sin embargo, “en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la ‘donación’ se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE”, lamentan. Ruz rebajó a sólo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.
La “extraña” libertad de Bárcenas
Los querellantes tampoco entienden los motivos de la puesta en libertad en enero de 2015 de Luis Bárcenas, que tras año y medio en Soto del Real y haberle sido denegada su salida de la cárcel hasta en seis ocasiones por los graves delitos imputados (apropiación de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y estafa en grado de tentativa), abandonaba la prisión a pesar de que “los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa y conocerse que acumuló 48 millones de euros en sus cuentas suizas”, puntualizan.
La mordida de los 200.000 euros
A pesar de “todas estas zancadillas”, la acusación popular recuerda en su escrito que ha llegado a promover más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio PP, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras a cambio de una supuesta mordida de 200.000 euros, según declaraciones en sede judicial del extesorero “popular”.
Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso.
Conexiones con Gürtel, Lezo y Púnica
Finalmente, reconocen que el recorrido por el desierto jurídico no ha sido en vano, ya que a todo lo dicho hay que añadir que las “conexiones de los papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la AN y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas”.
Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años (cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción) indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. “Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos”, concluyen, no sin esperar que su trabajo, “como expresión de la voz de la ciudadanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación”.
