La dirigente de la CUP Anna Gabriel no puede ser extraditada de Suiza a España aún cuando el delito del que se le acusa -el de rebelión- existiera en el Código Penal helvético en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, recalcó hoy el Gobierno suizo.

"Aún cuando el examen de una eventual solicitud de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también los fueran en Suiza (...) una extradición a España no sería posible", dijo a Efe el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

Gabriel tenía que declarar hoy ante el juez Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión en el marco del proceso independentista catalán, pero el martes anunció desde Suiza que no comparecerá y que permanecerá allí porque en España no iba a tener un juicio justo porque "está siendo perseguida por motivos políticos".

El Gobierno suizo ya dejó claro el martes que a priori el caso de la exdiputada catalana parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí tras un análisis exhaustivo.

Solo los crímenes contra la lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como un secuestro de un avión o la toma de rehenes no son considerados delitos políticos.

Galli precisó este miércoles a Efe que incluso si el delito por el que se le investiga a Gabriel en España fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo tampoco sería posible su extradición.

"Existiera la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", indicó el portavoz del Departamento de Justicia.

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".

Galli reiteró que si el juez Llarena decidiera hoy al comprobar la ausencia de Gabriel en su citación con el Tribunal Supremo español cursar una orden de detención internacional o de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia "analizaría con profundidad los hechos para verificar si las autoridades españolas acusan a Anna Gabriel de delitos políticos".

Catalá dice que no habrá problema

Pese a este claro posicionamiento del Departamento de Justicia de Suiza, el ministro español Rafael Catalá se ha mostrado convencido que, de producirse la orden de extradición, no habría “ninguna dificultad” para llevarla a cabo.

Catalá ha recordado que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para conceder la extradición de la exdiputada de la CUP.

“No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada por el Tribunal Supremo en España”, ha afirmado Catalá al ser preguntado por esta posibilidad.

Ha destacado que el derecho de extradición es “propio de sociedades democráticas” y ha explicado que será el juez competente en Suiza quien tendrá que determinar si existe el principio de “doble incriminación”, para ver si los delitos por los que “hipotéticamente” se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país.

Pero no prevé dificultades porque el código penal suizo es “propio del siglo XXI”, al igual que el español, y contempla los delitos de traición a las instituciones y el Estado.