El Tribunal Supremo ha anulado el plan de Cristina Cifuentes para reducir las listas de espera en el Servicio Madrileño de Salud. En la sentencia, se estima que supuso una alteración de las condiciones laborales del personal de los hospitales públicos, al establecer que se realicen operaciones y pruebas diagnósticas en turno de tarde y durante los fines de semana.
Los pactos de gestión afectan a más de un centenar de especialidades quirúrgicas y unas 60 pruebas diagnósticas en los hospitales Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, La Paz, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Móstoles, Getafe, Puerta de Hierro, Severo Ochoa, El Escorial y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Los acuerdos incluyen ampliar el horario de las intervenciones a las tardes y los fines de semana y que los profesionales que las realizan las cobren como sueldo extra. Se incluyen dentro del Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera aprobado tras la llegada de Cristina Cifuentes al Gobierno madrileño, que destinó al proyecto 13,3 millones de euros en 2016 y 23,3 millones de euros en 2017.
Los sindicatos lo ven un parche sin negociación
El Supremo ha estimado el recurso que interpuso Comisiones Obreras contra el rechazo de su petición para que se impugnara el plan del Gobierno madrileño por la vía
contenciosa-administrativa y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
CCOO considera que la sentencia del Supremo “anula con retroacción al año 2015”, el año en el que presentó su primer recurso, todas las actuaciones realizadas en el marco de los acuerdos suscritos con los hospitales.
UGT también valora positivamente la sentencia del Supremo. Su portavoz de Sanidad Julián Ordóñez ha dicho, en declaraciones a El Plural, que “da la razón a lo que desde el sindicato demandamos desde hace mucho tiempo”.
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha llegado a un acuerdo negociado, sino que se ha impuesto en lo que es una peonada 2.0”, explica el portavoz de UGT.
Julián Ordóñez denuncia que el Gobierno de Cifuentes “no negocie en la mesa sectorial este asunto y no da ninguna información a los sindicatos”.
Los problemas de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, añade el representante de UGT “no se resuelven de cualquier manera ni poniendo parches que resultan muy caros para los ciudadanos”.
El Gobierno de Cifuentes, por su parte, sigue defendiendo su plan y dice que “estudiará con detenimiento” la sentencia por “si tiene alguna consecuencia sobre la actividad asistencial”. Considera que el proceso judicial “no ha versado sobre la idoneidad de los pactos de gestión en sí, que han demostrado su eficacia en la reducción de las listas de espera, sino en si su aplicación debía haber pasado previamente por la negociación colectiva”.
“Los pactos de gestión impulsados por la Consejería de Sanidad han demostrado ser una herramienta muy útil en la reducción de la lista de espera”, añade el Gobierno madrileño.
