Los socialistas de Castilla-La Mancha, con el apoyo del PSOE dirigido por Pedro Sánchez, con Podemos de Pablo Iglesias y con la más que probable adhesión de Ciudadanos de Albert Rivera, pedirán un debate en el Congreso de los Diputados para conocer todos los detalles de las millonarias adjudicaciones de contratos vinculados a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), realizadas antes de que el proyecto contase con los informes necesarios para poder llevarlo a cabo y que albergará toda la basura radiactiva de las centrales nucleares españolas..

El Gobierno castellano-manchego, presidido por el socialista Emiliano García-Page, quiere saber cómo, en qué y quiénes se han beneficiado de las adjudicaciones que alcanzan ya los 100 millones de euros. Situación que, en palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez, es considerada “grave” ya que se “sigue gastando dinero público” en inversiones vinculadas a la construcción de un almacén nuclear que “es posible, muy posible, y espero que así sea, que no se construya”.

El reparto de la tarta nuclear

En la propuesta de debate de los socialistas se recoge, del mismo modo, una serie de aclaraciones por parte del Gobierno de Rajoy, que pasan por conocer también qué empresas han sido las adjudicatarias de esos contratos, así como el montante total y el objeto de las adjudicaciones. Para ello, el Ejecutivo de Page pretende, además de la solicitud formal del citado debate en el Congreso, “pedir explicaciones” a los responsables “de una cuestión tan grave” que, según afirman, “son los que en ese momento tomaron las decisiones” y que ahora tendrán que explicar “por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un plan de ordenación así y por qué se han invertido 100 millones de euros de dinero público en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir”, insiste.

Cuadro que recoge las adjudicaciones de Enresa a Iberinco, empresa donde trabaja el esposo de Cospedal

¿Tiene que ver algo López del Hierro?

Cuando los socialistas castellano-manchegos se interesan por las empresas y por las personas que están detrás de estas adjudicatarias, hacen suyas también las denuncias realizadas en su día por la Plataforma contra la construcción del ATC, que hace ahora cuatro años denunció la supuesta participación del esposo de la hoy ministra de Defensa, Ignacio López del Hierro. Según la Plataforma, desde la llegada de López del Hierro a la empresa Iberinco hasta la actualidad, esta compañía (directamente o a través de la Unión de Empresas Temporales (UTE) recibió adjudicaciones en cinco contratos por valor de 37 millones de euros en adjudicaciones de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), encargada de la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas.

Accesos por valor de 18,5 millones

Pero no sólo Enresa ha adjudicado obras por valor de cien millones de euros. También la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal, licitó distintas obras para “mejorar  las comunicaciones por carretera de los accesos donde se instalará el futuro Almacén Temporal Centralizado, y que serán financiados por la empresa estatal ENRESA en base a un convenio firmado entre ambas instituciones, con un presupuesto base de licitación estimado en algo más de 18,5 millones  euros”, anunció en su momento la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada.

La empresa de la supuesta mordida

Entre las empresas que presentaron una “oferta económicamente más ventajosa”, recogía el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 23 de junio de 2014, se encontraba Sacyr, una constructora investigada por la Justicia por presuntos pagos al Partido Popular en general y a Cospedal en particular, a quien esta compañía entregó supuestamente una comisión de 200.000 euros para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo, según declaración en sede judicial del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Pues esta constructora, presidida en la actualidad por Manuel Manrique, que declaró como investigado ante el juez Ruz, el mismo día que el gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, firmante y receptor de la supuesta mordida de 200.000 euros entregada por Sacyr a Cospedal, fue concesionaria de “la redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera (…)” por un importe superior a los 4,6 millones de euros (ver DOCM).

Demasiadas dudas

Con estos antecedentes, no es de extrañar que el PSOE de Castilla-La Mancha pida un debate en la Cámara Baja para disipar las demasiadas dudas existentes en este proyecto, del que Cospedal, eso sí, perdió el control directo cuando su amigo del alma, el exministro de Industria, José Manuel Soria, tuvo que dimitir tras saltar a la luz su relación con los llamados “Papeles de Panamá” y su participación directa en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales.