Política
Helicópteros instalados en una base de la Xunta de forma irregular para hacer labores de mantenimiento. Fotos cedidas a elplural.com

Cinco noticias para esta hora de la mañana

El escándalo de los helicópteros de la Xunta llega a Seguridad Aérea, el coste de la equiparación salarial y la querella del PP madrileño por la compra de BiciMad, entre otros titulares

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Mar, 23 Ene 2018

Denuncian ante Seguridad Aérea a la concesionaria de helicópteros anti-incendios de la Xunta

Tras los fuegos que arrasaron Galicia a mediados de octubre causando cuatro víctimas mortales, este medio ha denunciado en distintas ocasiones a la Consellería de Medio Rural del gobierno gallego, por incumplir normativas en distintos ámbitos.Desde la acumulación de material caducado y residuos químicos sin control en la base de Xinzo de Limia, hasta el informe que emitió Inspección de Trabajo sobre incumplimientos laborales y tareas de extinción en los 19 distritos forestales de la comunidad.  En la última irregularidad, publicada en exclusiva por El Plural el pasado noviembre, hacíamos públicas las tareas de mantenimiento integral, es decir, inspecciones que corresponden por horas de vuelo, que la empresa Babcock, adjudicataria del servicio integral de helicópteros destinados a la prevención y defensa contra incendios forestales del departamento de Medio Rural del ejecutivo gallego, estaba realizando en una base de la administración autonómica situada en Toén (Ourense).

¿Cúanto cuesta equiparar salarialmente los cuerpos de policía?

Esto es un dejà vu. Hace casi diez años, en plena negociación de la financiación autonómica, cuando Catalunya llevaba la voz cantante, uno de los flecos importantes de dicha negociación era el cálculo del módulo del coste de los Mossos d’Esquadra. Según los acuerdos entre el gobierno de Aznar y el de Pujol cada  mosso desplegado debía recibir una financiación equivalente a cada policía nacional o guardia civil replegado o substituido. O sea, la Generalitat debía recibir los fondos equivalentes. El cálculo del módulo debía revisarse cada año, pero no se hacía correctamente puesto que usaba un indicador de actualización basado en los Presupuestos Generales del Estado que no reflejaba la realidad.  Y esto implicaba un desfase progresivo en que el valor del módulo se alejaba por defecto del coste de los policías nacionales y guardia civiles.

El director de la DGT recomienda no escribir "cabreados" en redes sociales

El director general de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, ha recomendado a los parlamentarios presentes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso donde ha comparecido que “nunca escriban nada en redes sociales cabreados indignados o dolidos”. Serrano ha hecho esta recomendación después de responder a las preguntas de la oposición sobre la gestión en el colapso de la AP-6 por el último temporal de nieve y donde él mismo ha dicho que no iba a responder a valoraciones personales que ya había estado “ocho años en la oposición” y entendía el papel que otros diputados decía estaban haciendo. “Lo asumo con deportividad” y “es su obligación”, ha respondido.

Ciudadanos salva a Cifuentes: no tendrá que explicar por qué ocultó información del Canal

Aunque en un principio aseguraron que votarían a favor de la comparecencia de Cristina Cifuentes, finalmente y tras posibles presiones, Ciudadanos se ha unido al PP para evitar que Cifuentes tenga que volver a comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que haber explicado por qué le ocultó información del Canal de Isabel II a la oposición para el desarrollo de esta comisión de investigación. 

El PP se querella contra Inés Sabanés por la compra de Bicimad

Prevaricación y malversación. Estos son los delitos que, según el PP en el Ayuntamiento de Madrid, habrían cometido la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanes, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, Al comprar BiciMAD. Este servicio de transporte en bicicletas eléctricas fue impulsado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, pero pertenecía una empresa concesionaria, a Bonopark, pero finalmente el Ayuntamiento se hizo cargo de este servicio comprándolo por 10,5 millones de euros.