Prevaricación y malversación. Estos son los delitos que, según el PP en el Ayuntamiento de Madrid, habrían cometido la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanes, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, Al comprar BiciMAD.
Este servicio de transporte en bicicletas eléctricas fue impulsado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, pero pertenecía una empresa concesionaria, a Bonopark, pero finalmente el Ayuntamiento se hizo cargo de este servicio comprándolo por 10,5 millones de euros.
Aquí está la clave. Para el PP el precio es demasiado alto, es más, aseguran que es “"lesivo" para las arcas municipales y que por ello se debieron de cometer “presuntas irregularidades” en la compra.
Los populares del Ayuntamiento de Madrid han presentado este lunes ante los Juzgados de Plaza de Castilla una querella contra Sabanés y Fernández Heredia por un "presunto delito de malversación y un delito de prevaricación, así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación". Así lo recoge el texto de la querella y lo ha explicado el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida.
¿Por qué malversación?
Los populares señalan a Inés Sabanés pues creen que se compró el servicio de BiciMAD por un precio muy superior al real. Es decir, se habría inflado el precio antes de producirse la operación.
El Ayuntamiento de Carmena pagó 10,5 millones de euros a la empresa Bonopark, pero el PP asegura que "según la memoria económica y el plan económico-financiero que entregó Bonopark (la empresa concesionaria) para ganar la gestión del servicio, el coste de todo ascendía a 7,3 millones de euros".
Una pena por un delito de malversación varía entre los 2 o 6 años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por 6 a 10 años.
¿Por qué prevaricación?
"Existen indicios que nos lleva a razonar que se han podido adoptar decisiones y resoluciones en su ámbito de actuación, por su carácter arbitrario e injusto que pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación de autoridad o funcionario público", reza la querella.
El PP considera que Sabanés y el gerente de la EMT habrían “actuado de manera negligente y de forma abusiva al no haber cotejado la información económica a la hora de comprar Bicimad", sin tener en cuenta que este servicio de bicicletas eléctricas presentaba pérdidas de más de 300.000 euros cada mes.
De ser condenados por este delito, serían inhabilitados para el desarrollo de un empleo o cargo público durante 9 o 15 años.
Para el PP, la responsable última es Carmena
Además, el PP ha querido resaltar que "la responsabilidad política última” es de Carmena “dado que la transferencia de 10,5 millones de euros se acuerda por la Junta de Gobierno” y “le corresponde a quien preside esta Junta de Gobierno que es Manuela Carmena. Y es ella la que tendrá que dar explicaciones a los madrileños y no tratar de escudarse en un Consejo de Administración, ni en un gerente de la EMT ni en la Delegada de Medio Ambiente".
Pese a ello, "Inés Sabanés tiene que responder por qué no se ha incoado nunca un expediente sancionador a Bonopark por la prestación del servicio”, ha añadido el portavoz popular.
“Si tan mal servicio estaba prestando, hay que preguntarse por qué se les sigue manteniendo actualmente como socios tecnológicos. Es contradictorio decir que el servicio era un desastre y, sin embargo, mantener al responsable de ese servicio".
