Soraya Sáenz de Santamaría ha escenificado esta mañana en la COPE el malestar creciente del Partido Popular con Ciudadanos tras las elecciones de Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno ha reprochado al partido de Albert Rivera que no les cediera un diputado para poder formar grupo propio en el Parlament. “Es incomprensible y creo que Ciudadanos tiene que dar una explicación a la ciudadanía”, ha dicho la vicepresidenta.

En su opinión, Ciudadanos está beneficiando a los independentistas al impedir que el PP tenga voz propia en el Parlament. “Esto no es una carrera por ver quién es el primero en el constitucionalismo sino porque el constitucionalismo sea el primero en Cataluña”, ha sentenciado.

Además, asegura que, al dejar al PP en el Grupo Mixto, los de Inés Arrimadas permiten que los partidos independentistas tengan “mayoría en las comisiones” y que Ciudadanos pierda “capacidad para presentar iniciativas” ya que en ocasiones hace falta el apoyo de dos grupos parlamentarios para ello, algo a lo que el PP estaría dispuesto, no como piensa que harán PSC y En Comú – Podem.

El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, apoyando la crítica a Ciudadanos de la vicepresidenta, ha expresado en Twitter su preocupación porque “los independentistas consigan mayoría absoluta en las comisiones legislativas del Parlament por la negativa de Ciudadanos a facilitar grupo propio al PP”.

Aviso a Puigdemont

Sobre la situación actual en Cataluña, la vicepresidenta ha vuelto a afirmar que “cuando tome posesión del cargo el nuevo president, se dejará de aplicar el 155”, matizando que expresident Carles Puigdemont “no puede ser escogido con una flagrante vulneración de la ley”.

Ante la posibilidad de que Puigdemont intente presentarse a la sesión de investidura en el Parlament, Saenz de Santamaría ha lanzado una amenaza velada, afirmando que el expresident “tiene una orden de fuga y captura y las fuerzas de seguridad del Estado hacen muy bien su trabajo”.

El propio Puigdemont no ha dudado en responderle vía Twitter acusando al Gobierno de actuar con un “militarismo institucionalizado” que, a su juicio, ha “arruinado” el Estado de Derecho, al tiempo que ha afirmado que la respuesta policial al 1-O fue un “ataque directo a los derechos humanos”.