Este lunes ha comenzado el juicio a la rama valenciana de la trama Gürtel en el que se encuentran imputados los principales líderes del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps por haber supuestamente financiado al partido de forma ilegal en las campañas electorales de 2007 y 2008.
En esta primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, se ha conocido la estrategia que parece seguirán las defensas de los acusados y que irá dirigida a que se consideren nulas las pruebas o prescritos los delitos por corrupción de los que están acusados.
En concreto, Juan Casanova, abogado del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, ha pedido el sobreseimiento de la causa respecto a su representado al estimar que son nulos los escritos de la Fiscalía y del PSOE de Valencia por no concretar los hechos que le atribuyen.
Ha abundado en que el beneficiario del supuesto delito electoral sería el PP, que no está llamado a este juicio ni como partícipe a título lucrativo y sin embargo se le juzga a Costa que es un “actor secundario”.
En cualquier caso, ha estimado, al igual que los abogados del resto de políticos, que los delitos electorales y de falsedad ya han prescrito por el tiempo transcurrido.
Miguel Durán, abogado del considerado número dos de la trama Gürtel Pablo Crespo, ha alegado la nulidad de las conversaciones grabadas por el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que destaparon el caso Gürtel, ya que atentaban al derecho a la intimidad y fueron realizadas con la intención inicial de “chantajear” a Correa.
También ha pedido la nulidad de las intervenciones de las comunicaciones entre acusados y abogados en la prisión de Soto del Real (Madrid) por las que el inicial juez instructor del caso Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo y apartado de la carrera judicial.
Javier Vasallo, letrado de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, se ha adherido al anterior y ha alegado la prescripción de los delitos, mientras que la defensa de Correa no ha presentado cuestiones previas.
Rebaja por colaborar
En las cuestiones previas del Ministerio Público, la fiscal Miriam Segura ha anunciado que rebajará su petición de pena para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia.
La fiscal Anticorrupción ha dicho que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando contemple esta posible reducción de pena para Correa, para quien de momento pide 24 años y medio de cárcel, bajo la condición de que se haya demostrado en la vista colaboración con la justicia e intención de reparar el daño causado.
En esta línea de colaboración, Correa, actualmente en prisión por el caso Fitur remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de Valencia pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.
También ha mostrado la fiscal la intención de rebajar su petición de pena para nueve empresarios para los que actualmente pide entre 4 y 6 años de cárcel, los cuales el pasado mes de febrero, y a cambio de eludir la prisión, suscribieron un documento en el que reconocían haber financiado al PP valenciano en campañas electorales.
Al respecto, las defensas de los empresarios han pedido que la fiscal no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión, sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía.
En cuanto al exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, para quien la Fiscalía pedía inicialmente 7 años y 9 meses de prisión, la fiscal le ha retirado uno de los delitos por lo que le acusa, por lo que pediría definitivamente 6 años y 6 meses de cárcel para él.
La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el PSOE se han adherido a lo manifestado por la fiscal.
