El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, no admite ningún tipo de responsabilidad en el caos provocado por la nieve en la AP-6 en plena operación retorno tras las vacaciones navideñas, dejando atrapados durante toda la noche a miles de vehículos. El PSOE y la asociación mayoritaria de la Guardia Civil (AUGC) han pedido su cabeza pero él sigue tirando balones fuera. Serrano culpó primero a los conductores y después a la concesionaria Iberpistas (filial de Abertis).
"No he pensado dimitir porque entiendo que no tengo ninguna causa", ha dicho este lunes en la Cadena SER, donde ha señalado que a quien le corresponde dar explicaciones del "desgraciado incidente en la AP-6" es a la concesionaria, que debe explicar "cómo pudo ocurrir lo que pasó el sábado por la tarde". Según su versión, la DGT tiene la competencia de controlar miles y miles de carreteras, y no hubo incidencias graves. La AP-6 es una autopista de peaje que tiene su propio centro de gestión y su propia forma de controlar esa vía".
"La empresa concesionaria decide si hay que abrir o no la autopista al tráfico. Todas las circunstancias se aclararán en el expediente informativo que ha abierto el Ministerio a Abertis", ha insistido en Onda Cero, donde también ha apuntado contra los conductores que salieron a la carretera, a pesar de que tenían la "suficiente información" de las advertencias de nevada desde el viernes por la mañana.
Por su parte, la directora general de Abertis Autopistas España, Anna Bonet, ha asegurado que su filial Iberpistas, concesionaria de la autopista AP-6, aplicó "el protocolo de máximo nivel de actuación" en caso de nevada y que, cuando se comprobó que era insuficiente, solicitó el corte de la vía. Bonet ha explicado que, "cuando se vio que la situación era de emergencia", la concesionaria pidió a la subdelegación del Gobierno en Castilla y León que aplicara "los protocolos de emergencia".
"Nosotros aplicamos los protocolos que tenemos preestablecidos y a la que vimos que el protocolo de máximo nivel de actuación era insuficiente fue cuando se solicitaron los pasos pertinentes para solicitar los cortes del carril", ha explicado en declaraciones a Onda Cero y la Cadena Ser. Según Bonet, la empresa solicitó desde las 14.00 horas "la restricción de los vehículos pesados por todo el tramo" y en torno a las 17.00 horas se pidieron "los primeros cortes preventivos para poder limpiar la calzada".
La directora de Abertis Autopistas ha admitido que a la empresa le corresponde solicitar el cierre y la apertura de la autopista, pero ha precisado que "la ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Tráfico".
Bonet ha explicado que, tras la apertura del expediente informativo, la empresa está "analizando y recopilando toda la información". "Una vez se tengan las conclusiones del mismo vamos a poder analizar y valorar qué cosas han fallado", ha apuntado. La responsable de la concesionaria ha recalcado que la empresa aplicó "los protocolos de máximo nivel" y ha señalado que, "si hay que revisar algún elemento, obviamente se revisará y se intentará mejorar". Según Bonet, la situación "ha sido excepcional" y se ha trabajado "muy activamente" y "con la máxima intensidad" con todos los medios de las concesionarias y de las distintas administraciones para "dar una solución".
¿Quién es Gregorio Serrano?
Gregorio Serrano, además de enfrentarse con Abertis como única culpable del caos, ha gestionado esta crisis desde el despacho de su casa en Sevilla. No vio oportuno trasladarse a Madrid, ni siquiera al centro de gestión con el que cuenta la Dirección General de Tráfico en Sevilla. Su principal mérito para acceder al puesto en noviembre de 2016 fue ser amigo del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Lleva a cuestas el triste récord de que, bajo su mandato, han subido el número de fallecidos por accidentes de tráfico en un 21,7%, pasando de 34 en 2016 a 46 en 2017.
Su primer escándalo no tardaría en llegar. Se reformó un piso de la Guardia Civil sin escatimar en gastos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles vio escandalosa que se destinasen "nada menos que 50.000 euros en reformas", cuando la asociación lleva “muchos años reclamando por el mal estado de los pabellones [pisos], cuyas obras de reparación deben costearse en muchos casos los propios guardias civiles”.
