La declaración ante el juez del exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) Fermín Oslé por la venta de 1.860 pisos a la empresa Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, a la mitad de su valor de mercado, ha significado un punto de inflexión en este caso, al que se intentó dar carpetazo en enero pasado.
El gerente desmiente que hubo un solo encuentro
Este miércoles, Fermín Oslé tuvo que comparecer, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, donde se negó a contestar a las preguntas del abogado de las familias afectadas por la venta y al letrado de la EMVS. Oslé sólo respondió al juez, al que aseguró que no conocía al gerente de Fidere, Alfonso Benavides, y que sólo le vio en la firma de la operación.
Benavides, que también declaró ayer ante el juez, le desmintió al asegurar que sí habían tenido varios encuentros, aunque el mayor contacto lo había tenido, según aseguró, con Rafael Requena, director jurídico de la EMVS cuando se cerró la operación.
"Esto no ha hecho más que empezar"
La presidenta de la Asociación de Afectados por esta venta, Arancha Mejías, en declaraciones a El Plural, ha afirmado que la cita judicial de ayer es de "gran importancia” y que este caso “no ha hecho más que empezar”. Su abogado, Mariano Benítez de Lugo prepara un escrito para solicitar la comparecencia ante el juez de los máximos responsables políticos de aquella venta, la exalcaldesa Ana Botella y su equipo de Gobierno.
Mejías ha considerado “significativo” que Oslé no haya querido responder a las preguntas del abogado de la asociación de afectados. “Si no tuviera nada que ocultar explicaría por qué tomó aquella decisión que perjudicó a tantas familias y, de manera tan importante, al patrimonio municipal”.
“Pero si fuera cierto que sólo se hubiera visto con el gerente de la empresa adjudicataria en la firma de la operación, habría sido muy negligente por su parte, porque no se trataba de una operación cualquiera, sino de muchos millones de euros”, añade la presidenta de la asociación de afectados.
"El fin de año pasado pensé que sería el último en mi casa"
Arancha Mejías ha expresado su “satisfacción” porque finalmente, “después de casi cuatro años y tras un archivo provisional de la causa, el exconsejero delegado de la EMVS declara ante el juez”.
“Los afectados, dentro de la incertidumbre en la que aún vivimos, estamos esperanzados. El fin de año pasado mi familia lo pasó con muchos nervios porque pensábamos que aquellos eran los últimos días en nuestra casa, y este año celebramos estas fiestas con esperanza”, confiesa Arancha Mejías.
“Hemos ido ganando pequeñas batallas. Ha sido la lucha de David contra Goliat, contra los poderosos”, subraya esta joven, que ha liderado la lucha de muchas familias.
El informe de la Cámara de Cuentas fue determinante
En octubre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid acordó la reapertura de la causa por la vía penal, que había sido archivada de manera provisional en 2015, gracias al recurso de apelación interpuesto por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento y por las familias afectadas, que esgrimieron un informe demoledor de la Cámara de Cuentas.
El auto de la Audiencia destacaba algunas conclusiones del informe, como que “la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar” y que no hubo “concurrencia” de los potenciales adjudicatarios. Además, que fue el comprador, el fondo de inversión Blackstone, a través de su filial Fidere Gestión, el que puso precio a las viviendas, que fueron vendidas por 128 millones de euros, cuando, según el abogado de los afectados a partir de informes de tasación, “tenían el doble de ese valor”.
Delitos de prevaricación, malversación y fraude
Este dato desmonta el argumento del exconsejero delegado de la EMVS, ayer ante el juez, y de la exalcaldesa Ana Botella de que la venta se efectuó por la situación catastrófica de las cuentas madrileñas, puesto que las viviendas fueron vendidas a la mitad de su valor.
Los implicados en este caso tendrán que responder, según el auto de la Audiencia Provincial, por presuntos “delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos), delitos previstos todos ellos en los artículos 404, 432 y 436 del Código Penal”.
